El proyecto ibérico renace de la mano de Caixabank

El BCE y la crisis de precios del petróleo fuerzan Isabel dos Santos a ceder sus acciones
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El domingo 10 de abril era la fecha límite fijada por el Banco Central Europeo (BCE) para que el Banco Portugués de Investimento (BPI) liquidara su posición de control sobre el Banco de Fomento de Angola (BFA), entidad que no cumple las normas internacionales de regulación y supervisión bancaria. Si la entidad portuguesa, presidida por Fernando Ulrich, no acata las exigencias del BCE, se expone a una sanción diaria de 160.000 euros y está condenada a un durísimo castigo en la Bolsa que, como es obvio, sus accionistas y el gobierno de Lisboa quieren evitar a toda costa.

SANTORO FINANCE
Según informaciones periodísticas, se ha llegado a un acuerdo entre los directivos de Caixabank y los del hólding Santoro Finance
-propiedad de la hija del presidente de Angola, Isabel dos Santos- para evitar las sanciones del BCE. Este pacto «in extremis» será comunicado oficialmente este lunes.

Con el paso de los años, la entidad bancaria catalana, que preside Isidre Fainé, se ha acabado convirtiendo en el primer accionista del BPI y en la actualidad ya tiene el 44,1% del capital accionarial. Por su parte, Isabel dos Santos controla el 18,6% del banco portugués y tiene, a la vez, intereses consolidados en el BFA.

La brutal caída que ha experimentado en los últimos meses el precio del petróleo -base de la economía angoleña- ha colocado al hólding Santoro Finance en una difícil situación y la venta de su paquete de acciones en el BPI sería una bombona de oxígeno. El problema de las árduas negociaciones con Caixabank era el precio final de la compra del paquete de Isabel dos Santos, computando su canje por la participación del banco portugués en el BFA.

Los medios financieros de Lisboa dan por hecho que el acuerdo obligará a Caixabank a presentar una OPA por la totalidad del BPI. De hecho, el banco catalán ya lo intentó el pasado año, pero, en aquella ocasión, la OPA formulada fue rechazada por el resto de accionistas, que consideraron insuficiente el precio ofrecido por Caixabank.

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