IGFA se mete en todos los líos

Esta empresa olotense de gestión de residuos está salpicada por el caso del 3% y por el desvío de ayudas a la Cooperación de la Diputación de Barcelona
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El 21 de octubre pasado, el mismo día que la Guardia Civil registró la sede central de Convergència y detuvo a su administrador, Andreu Viloca, también entró en domicilios particulares, en oficinas de empresas y en el Ayuntamiento de Olot. Tras poner los pies en esta última institución, los agentes dejaron claro al secretario municipal que sólo venían a por un expediente: el de la concesión del servicio de recogida y selección de basura que el Ayuntamiento adjudicó en 2011 a la unión temporal de empresas (UTE) formada IGFA y Urbaser.

La Guardia Civil detuvo a un directivo de Urbaser, una corporación del grupo ACS, que preside Florentino Pérez; pero no detuvo a ninguno ni siquiera interrogó a ninguno de IGFA, un grupo con sede en Olot, que hace unos meses se vio salpicado por el caso del desvío de las ayudas de Cooperación de la Diputación de Barcelona.

Hasta ahora, en la empresa olotense Instal·lacions, Gestió, Formació i Assessorament SA, más conocida por IGFA, se había mantenido al margen de los escándalos políticos, pero ahora está bajo la lupa. Por un lado, la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción número 1 del Vendrell, en el marco del caso del 3% sobre la presunta financiación ilegal de Convergència, investigan el contrato de la basura de Olot y, por otro lado, los grupos del oposición en la Diputación de Barcelona están tirando del hilo de las ayudas a la Cooperación que se desviaron a un grupo de empresas entre las que también aparece IGFA.

IGFA se dedica a la gestión integral de residuos, pero entre sus objetivos sociales declarados también se mencionan el transporte, la administración de fincas y la consultoría. Tiene cuatro socios y los cuatro figuran como consejeros delegados: Josep Chaparral Molins, Josep Anfruns, Josep Santandreu (que también ejerce de vicepresidente) y Francesc Xavier Masip (presidente).

El alcalde tenía prisa
Después de que la Guardia Civil se presentara en el Ayuntamiento de Olot para pedir el expediente del contrato de recogida de basura concedido a Urbaser-IGFA, el alcalde, el convergente Josep Maria Coromines, dijo que estaba «muy tranquilo» y recordó que las bases del concurso las había redactado el anterior equipo que encabezaba el socialista Lluís Sacrest. Est es tan cierto como que, quien realmente lo adjudicó, precisamente en el primer pleno después de la toma de posesión, en pleno mes de agosto, fue el propio Coromines. Por el que se ve, CiU tenía mucha prisa por dar a Urbaser-IGFA un contrato de 19.704.000 euros, a razón de 2.463.883,96 euros más IVA durante ocho años.

Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), que se encargaba del servicio de recogida de basura de Olot hasta aquel momento, recurrió el informe técnico y la puntuación de las ofertas y, finalmente, presentó un contencioso. Sin embargo, dos años después lo retiró. Según informaciones de Diari de Girona, Coromines «fue a Barcelona a agradecérselo». Curiosamente, en la ciudad de Girona, la situación fue a la inversa: FCC ganó el concurso por los pelos y la empresa de Florentino Pérez recurrió y después presentó un contencioso, que también acabó retirando. FCC y Urbaser están en la lista de 39 empresas multadas por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia por repartirse los clientes.

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