Aduciendo «pérdida de confianza», el Gobierno catalán ha decidido definitivamente echar a Josep Antoni Rosell, ex director general de Infraestructuras que fue detenido en octubre e imputado en el caso del 3%, a quien se había reubicado dentro de la principal empresa licitadora de la Generalitat después de que estallara el escándalo.
La presencia de este alto cargo, si bien se estaba suspendido y se dedicaba últimamente a un proyecto de expansión internacional, era una patata caliente para el vicepresidente y responsable del área económica del Gobierno catalán, Oriol Junqueras, bajo cuya autoridad se encuentra Infraestructuras, la antigua Gisa.
La situación de Rosell dependía, según había publicado El Mundo, de las conclusiones de una investigación interna sobre las supuestas irregularidades que habría cometido. La Justicia, por su parte, le investiga como una presunta figura clave en una trama de cobro de comisiones del 3% a cambio de adjudicaciones de obra pública.
El consejero de Justicia, Carles Mundó, había declarado, en cuanto a la reubicación, que «se tomó la decisión que correspondía» y, sobre la continuidad de Rosell en Infraestructuras, decía que ya no podía «administrar bienes públicos» ni adoptar decisiones ejecutivas.
Finalmente, Rosell, un cargo heredado del Gobierno anterior que cobraba más que el propio Artur Mas, ha sido destituido sin derecho a indemnización por Junqueras, según fuentes citadas por El Mundo.
