La nueva consejera de Educación, Meritxell Ruiz, afronta su primera «prueba de fuego» en el cargo que apenas acaba de estrenar: el escándalo de pederastia destapado por un padre en el colegio de los Maristas de Sants-Les Corts ha vuelto a poner sobre la mesa la polémica sobre el trato especial que tienen en Catalunya las escuelas religiosas y, de rebote, las subvenciones públicas que reciben los 17 centros que practican en sus aulas la discriminación por sexos.
En la coalición Junts pel Sí, el modelo de concierto que beneficia, en nombre de la libertad de los padres a escoger la educación de sus hijos, a los colegios religiosos privados provoca ampollas, en especial en cuanto a las llamadas «escuelas diferenciadas» que segregan por sexos. A pesar de que la Ley de Educación de Catalunya (LEC), impulsada por el ex consejero Ernest Maragall y aprobada en tiempo del Tripartito por el PSC, ERC y CiU, avala la subvención a las «escuelas diferenciadas», tanto los socialistas como los republicanos han acabado modificando su opinión sobre el tema y, en la actualidad, se oponen a la continuidad de los conciertos con estos 17 centros, vinculados al Opus Dei (16) y a los Legionarios de Cristo (1).
La elección de Meritxell Ruiz como consejera de Educación, en sustitución de Irene Rigau, no es una decisión «neutra». Estudió en el colegio Turó, de Constantí (Tarragonès), que forma parte del grupo de 17 centros que practican la segregación por sexos en las aulas, y es una ferviente defensora de continuar subvencionando estas «escuelas diferenciadas». En esa cruzada sólo cuenta con el apoyo de los diputados de CDC -y no de todos- y del PP, una fuerza claramente insuficiente si la cuestión llega, como es previsible, a ser sometida a votación en el Parlamento de Catalunya.
La marea amarilla
Y lo será por partida triple en las próximas semanas. El PSC acaba de presentar una propuesta para la reforma de la LEC que reclama la retirada de la subvención pública a las escuelas que separan por sexos, en línea con una iniciativa similar formulada el pasado mes de diciembre por el grupo de Catalunya Sí que es Pot (CSQP).
Por otro lado, resta pendiente, de la pasada legislatura, el debate de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por la Marea Amarilla de maestras y padres de alumnos, que cuenta con el apoyo de 95.000 firmas y la adhesión de 160 entidades. Esta ILP reclama, entre otras medidas en defensa de la educación pública, la supresión de los conciertos a las «escuelas diferenciadas» y la progresiva extinción de las ayudas a los centros religiosos.
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