Consideradas «modélicas» por el anterior presidente, Artur Mas, las adjudicaciones de la Generalitat atrajeron las miradas más que nunca durante la anterior legislatura cuando Josep Antoni Rosell, número dos de Infraestructuras, la antigua Gisa, fue detenido e imputado por el caso del 3%.
El superior directo de Rosell, el presidente de la empresa pública que es la licitadora más grande de obra pública en Catalunya, era Joan Lluís Quer, quien percibía un sueldo público superior al del mismo Mas hasta que, el pasado mes de noviembre, dejó el cargo aduciendo motivos personales y quien, según un informe de la Sindicatura de Cuentas, infringió el régimen de incompatibilidades durante su primer mes en el cargo.
El análisis fiscalitzador de este órgano concluye que Quer, entre el 10 de febrero y el 25 de marzo de 2011, podría haber cometido una infracción grave porque ya presidía Infraestructuras y sus ceses en la empresa de ingeniería Auding – era trabajador y accionista- no se elevaron al público hasta el 28 de febrero y el 25 de marzo. Se trata de una empresa con un objeto social muy relacionado con el de la antigua Gisa.
La Sindicatura, además, apunta que se resolvieron en posible situación de prohibición de contratar tres expedientes cifrados en 691.775 euros (sin IVA) obtenidos por la empresa de Quer. Por este motivo plantea la necesidad de revisar actas y contratos adjudicados durante aquel periodo.
Según publica El País, Quer alega que su baja en Auding data del 20 de febrero y su alta como alto cargo público se produjo el día siguiente.
Auding, detalla la Sindicatura, se embolsó 12 contratos públicos valorados en casi 850.000 euros durante el primer año de Quer al frente de Infraestructuras, sin contar aquellos en los que era integrante de una UTE, detalla El Confidencial.
Quer, por otro lado, se halla en el punto de mira del Juzgado de Instrucción número 8 de Barcelona, que investiga la adjudicación directa de contratos de consultoría para la Agencia Catalana del Agua (ACA), de la que Quer fue gerente, por 7,6 millones de euros. Las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos a empresas en las que Quer tenía intereses fundamentan la querella, que también apunta hacia una docena de personas más.
