El talante gubernamental parece haber cambiado con relación a la adjudicación de Aigües Ter-Llobergat (ATLL) a Acciona. En su comparecencia de este martes, la consejera y portavoz Neus Munté se ha manifestado de manera muy diferente a como acostumbraba a hacerlo su predecesor, Quico Homs.
No ha apoyado a Acciona, acusada por la Oficina Antifraude catalana de graves irregularidades, sino que ha expuesto que la Agencia Catalana del Agua (ACA) ya había detectado los hechos con una auditoría y los había denunciado ante la Agencia Tributaria en 2015. Acciona, sin embargo, niega los hechos a la vez que apunta hacia la Generalitat.
A raíz del informe de la Oficina Antifraude que hace jaque a Acciona, el PSC y Catalunya Sí que es Pot han solicitado a la Mesa del Parlamento catalán las comparecencias del consejero de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, y del director de la Oficina, Daniel de Alfonso, ante la comisión del Medio Ambiente y Sostenibilidad.
En Junts pel Sí hay división de opiniones sobre ATLL. ERC aboga por la recuperación de la gestión pública, mientras que CDC es la gran defensora de una privatización que ha resultado un fiasco. Los tribunales anularon el concurso y sentenciaron que la Generalitat tenía que resolver el contrato que había adjudicado a Acciona por un periodo de 50 años.
