El Gobierno catalán tiene la «predisposición» de retirarse de siete procesos judiciales contra activistas a los que acusa por la vía civil y penal, según ha explicado este lunes la portavoz del Ejecutivo Neus Munté, en una entrevista a la agencia Europa Press.
El acuerdo entre la CUP y Junts pel Sí para investir como presidente a Carles Puigdemont obliga al Gobierno a dar este paso atrás. La Generalitat no presentará acusaciones penales y civiles contra los imputados que se concentraron el 2011 en la Universitat de Girona. Y retirará las causas por los disturbios provocados durante la huelga general de 2012, por una protesta contra la MAT y por los disturbios posteriores al desalojo de Can Vies.