La detención del banquero André Esteves, CEO del grupo BTG Pactual, ha provocado una gran conmoción en el mundo financiero brasileño. Desde el pasado 25 de noviembre, este «mago de los negocios» que, a sus 47 años, había llegado a la cúspide del poder económico del país sudamericano, duerme en la prisión de Bangú, en las afueras de su ciudad natal, Río de Janeiro. Está acusado de formar parte de la enorme trama de corrupción estructural que ha destapado el juez Sérgio Moro -el nuevo héroe de Brasil- y que ha comportado, hasta ahora, la imputación de más de cien políticos y empresarios en el marco de la operación Lava Jato (limpiacoches).
André Esteves conoce muy bien Catalunya. De la mano del intermediario Jorge Lucaya (AZ Capital), muy vinculado al Opus Dei, ha participado en dos de las grandes operaciones de privatización realizadas durante el mandato de Artur Mas: la empresa Aigües Ter-Llobregat (ATLL) y los túneles de Vallvidrera y del Cadí. Podemos decir que André Esteves se había llegado a convertir en el banquero de la Generalitat y su encarcelamiento salpica, de manera directa, al gobierno catalán.
‘Mordida’ del 1%
El juez Sérgio Moro ha ordenado la detención de André Esteves porque su nombre es mencionado en una grabación efectuada por el hijo de Nestor Cerveró, el exresponsable del departamento internacional de la empresa petrolera estatal Petrobras, encarcelado desde hace once meses y que está en el epicentro de la operación Lava Jato.
Supuestamente, el banquero se había comprometido a pagar 50.000 reales (10.000 euros) mensuales a la familia de Nestor Cerveró para que este guardara silencio sobre la implicación del banquero y de destacados dirigentes del PT (el partido de Lula da Silva y de la presidenta Dilma Rousseff) en la gigantesca trama de corrupción que investiga el magistrado Sérgio Moro. A André Esteves también se le vincula con una operación para preparar la fuga de Nestor Cerveró a España, a través de Paraguay, y se le acusa de intentar destruir pruebas de su participación en esta trama de comisiones.
El escándalo que sacude actualmente Brasil es calcado al esquema del 3% que investiga el juez del Vendrell, Josep Bosch, pero de una magnitud estratosférica. En síntesis, un grupo de empresarios se beneficiaba, con concursos manipulados, de la adjudicación de contratos del gobierno brasileño y de sus empresas públicas a cambio de pagar comisiones a los políticos e intermediarios que intervenían. A diferencia de Catalunya, en el caso del Brasil la «mordida» solía ser del 1%. De momento, las investigaciones se han focalizado en las empresas públicas Petrobras y Eletronuclear, pero se sospecha que la trama también ha intervenido en las adjudicaciones de grandes obras hidroeléctricas y portuarias y en las instalaciones del Mundial de Fútbol de 2014 y de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro del año próximo.
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