Los informes del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) relacionaron directamente las inyecciones de gas en el almacén submarino Castor con la actividad sísmica registrada en septiembre del2013. Pero este lunes, el presidente del consejo de administración de Escal UGS, concesionaria del proyecto, ha negado esta relación y ha cuestionado los informes del IGME.
En su comparecencia en el juzgado número 4 de Vinaròs, donde se instruye el asunto sobre las supuestas irregularidades en la concesión de la explotación del Castor, Recaredo del Potro ha atribuido aquellos terremotos a la «sismicidad natural» de la zona y ha apuntado que sólo fue una coincidencia que aquel fenómeno se produjera cuando se efectuaban las inyecciones de gas.
Del Potro, asimismo, ha negado que la empresa tenga «cualquier tipo de responsabilidad», aduciendo que Escal hizo todos los estudios requeridos, y ha señalado que el director de la Red Nacional de Alerta Sísmica le aseguró que no existía el menor riesgo para las personas.
Además, ha indicado que el IGME interpretó equivocadamente los datos. Según el responsable de Escal, los técnicos autores del informe que vinculó los seísmos con las inyecciones de gas confundieron el caudal de la inyección con el volumen.
El polémico pago
A raíz de la hibernación del proyecte Castor, Escal UGS, propiedad en un 66,67% de ACS, ha sido la receptora de una indemnización de 1.350,7 millones de euros (interés del 4,27% anual) que pagará el sector gasista. Es decir, los consumidores en sus facturas durante los próximos 30 años.
Para pagar esta cantidad, el Gobierno emitió a nombre de Enagás, empresa participada por el Estado, derechos de cobro a 30 años para cubrir la deuda y los ha cedido a la banca.
