Boi Ruiz:
Lo investigan por el caso Innova. En octubre lo vieron comer en un restaurante de Barcelona con el expresidente del ICS, Josep Prat, imputado por presunta prevaricación, fraude a la Administración, blanqueo y falsedad documental. Ruiz no está imputado.
El consejero ha recortado el 16% del presupuesto en Sanidad (1.500 millones de euros). 17.000 pacientes pendientes de operar han sido derivados a la privada. Responsable de la última oleada privatitzadora de la sanidad pública, el holding sanitario IDC Salud duplicó, entre 2010 y 2012, su facturación al sistema sanitario catalán, por poner sólo un ejemplo.
Germà Gordó:
Incluido en la lista de Junts pel Sí
El juez instructor del caso Innova ha reactivado una de las piezas en base a los correos electrónicos en los cuales el abogado de Josep Prat, exdirector de Innova y expresidente del ICS, pedía al consejero de Salud, Boi Ruiz, que pagara el coste de la defensa de Prat. Los mails fueron remitidos a Ruiz, Prat y a Germà Gordó, actual consejero en funciones de Justicia y en aquel momento secretario del Gobierno de la Generalitat, quién respondió a uno de ellos: «¿Boi, no me dijiste que estaba resuelto?».
El consejero delegado de la constructora Copisa, Xavier Taulell, declaraba hace un mes al juez que instruye el caso 3% que el consejero de Justicia, Germà Gordó, también formaba parte del entramado que se dedicaba a cobrar mordiscos del 3% del valor de la adjudicación de obra pública durante los gobiernos Pujol.
La ‘niebla’ leridana: Josep Antoni Rosell, director de infraestructures.cat detenido hace dos semanas a raíz del caso 3%, fue subdirector general de infraestructuras del Departamento de Agricultura durante la última etapa de Pujol. Su jefe era Germà Gordó. Los dos diseñaron la licitación del canal Segarra Garrigues, que ganaron los sospechosos habituales: FCC, Copcisa, Copisa (y también Agbar) por 1.100 millones de euros. De 2003 a 2011, Rosell pasó a la privada… ¡como director de la empresa concesionaria! A partir del 2011, de la mano de Gordó, Rosell vuelve a la Administración como director general del ente que licita la mayor parte de obra pública del Gobierno. Es uno de los principales implicados en el entramado del 3% según la fiscalía.
Felip Puig:
El Servicio de Vigilancia Aduanera (SVD) entregaba hace dos semanas a la jueza instructora del Caso Manga un informe que señala a varios «conseguidores» de contratos públicos para la empresa GRS Arco Local. Entre estos figura el consejero en funciones, Felip Puig, de quién el SVD ha pedido la imputación.
Puig todavía defiende que el 14 de noviembre de 2012 no se dispararon balas de goma durante la manifestación por la huelga general celebrada en Barcelona. Un mensaje que repitieron su sucesor al frente de Interior, Ramon Espadaler, y el entonces jefe de los Mossos d’Esquadra, Manel Prat. Este último dimitió después de dar siete versiones diferentes sobre el suceso que dejó una persona sin un ojo. Tres años después, el juez concluyó que la herida fue causada por una bala de goma. El 8 de julio pasado, por primera vez, los abogados de los agentes de los Mossos imputados por el caso admitieron que la lesión provenía de una actuación policial.
Cuando Puig era consejero de Interior propuso al exdiputado convergente condenado, Xavier Crespo, como jefe de los Mossos d’Esquadra. «Me sabe muy mal, he intentado convencer Xavier Crespo hasta el último momento porque era la persona adecuada» (2011). Después de la imputación de Crespo, cuando Puig era Consejero de Empresa, insistió en defenderlo: «Plena confianza personal, política y profesional» en el exalcalde de Lloret. Puig habló de «renovación del compromiso ético hacia el servicio público» justo después de la imputación de Crespo, a quién CiU mantuvo dos años como imputado en el Parlamento, hasta que se agotó la legislatura.
¿A qué compromiso y a qué renovación obedece esta (no) decisión de Convergència, señor consejero?
Por los numerosos resbalones, por la mala gestión y, sobre todo, por mentir, Felip Puig no habría durado mucho tiempo como cargo directivo en la empresa privada. Hace casi 30 años que cobra del erario público.
Irene Rigau:
Salpicada por el caso Manga a raíz de la concesión en 2013 del servicio de comedor escolar del Consejo comarcal de la Selva a la empresa Eurest Colectividades SL. El nombre de la consejera aparece en las conversaciones telefónicas derivadas del caso, a las cuales ha tenido acceso la Fiscalía, que sospecha que Rigau estaba al corriente de las irregularidades en la adjudicación del concurso.
Durante la última legislatura ha aumentado el número de alumnos en las escuelas catalanas (75.700 estudiantes más) mientras que la plantilla de docentes se ha recortado (1.477 maestros menos). La Marea Amarilla de enseñanza montó en cólera cuando se enteró de las intenciones de la consejera en funciones quién, a pesar de haber echado a más de un millar de profesores, ha manifestado que quiere volver a ejercer de maestra.
Santi Vila:
En el punto de mira de todas las plataformas viarias -No más muertos en la C55, Stop C-32, No Vull Pagar, Prou Peatges- que luchan para mejorar el estado de las carreteras que son titularidad de la Generalitat, con el objetivo de rebajar la siniestralidad. Acusan al consejero de gestión nefasta por doblarse ante Abertis en vez de trabajar para el interés y la seguridad ciudadana. Las Autopistas como la C-32 y la C-16, pagadas hace años, van vacías de coches mientras las muertes en las carreteras catalanas, como la C-55, se multiplican por el mal estado y el aumento de tránsito.
La Guardia Civil registró en agosto pasado el Ayuntamiento de Figueres, de donde Vila fue alcalde, por supuestas adjudicaciones de obras públicas que llevaban supuestamente incorporado el mordisco del 3%.
Mas-Colell:
Ha sido incapaz de sanear las cuentas de la Generalitat. Suya es la responsabilidad de haber malvendido el patrimonio arquitectónico del Gobierno. Quiere irse.
Quico Homs: próximo destino, el Congreso de los Diputados (a pesar de que no tiene temas pendientes con la Justicia).
Neus Munté: no se le conocen irregularidades.
Las nuevas incorporaciones, a raíz de la salida de Unió Democràtica del Ejecutivo, ya no forman parte del ‘Gobierno de los mejores’:
Jordi Jané. Tiene mala fama en Tarragona pero su paso por el Gobierno ha sido discreto.
Meritxell Borràs. Premiada por Mas por el ‘papelón’ que tuvo que hacer durante la Comisión Pujol.
Jordi Ciuraneta. Proviene de una familia payesa y del mundo empresarial. No se le conocen irregularidades.
