La CUP ha difundido este jueves su hoja de ruta para la legislatura que apenas se comienza en el Parlamento catalán. El documento de bases para un acuerdo político de futuro.
Por la «ruptura democrática» que es, explica el documento, «obedecer la propia legitimidad y la legalidad catalana«. Este principio comporta «desobedecer las imposiciones de un Estado español» como inaplicar las leyes Modaza, Wert o Larsal, que el Parlament ya ha rechazado con amplias mayorías.
La CUP propone un marco de referencia nacional y un «proceso democrático unilateral hacia la República catalana y popular».
El documento incluye un plan de choque de 39 medidas «en la mejora inmediata de las condiciones de vida» y 14 medidas «para parar los procesos de privatización». El primer bloque pivota en la aplicación de la ILP de medidas urgentes para hacer frente a la emergencia habitacional y a la pobreza energética que aprobó el Parlament en las postrimerías de la legislatura pasada. También incluye la garantía de las prestaciones vinculadas a la ley de dependencia y la mejora de la cobertura educativa y sanitaria.
El segundo bloque pide la retirada definitiva de los proyectos privatizadores del Consorcio Sanitario de Lleida, los planes Funcionales de la Comarca del Tarragonès y el Baix Penedès y el proyecto CIMS de Girona. También la supresión de los conciertos de las escuelas de élite y de las que segregan por razón de género. Y parar la venta de suelo público o el traspaso del canon del agua a la privada.
La hoja de ruta no se olvida de la corrupción. En unos «Países Catalanes con 605 imputados por corrupción y 161 causas abiertas por corrupción urbanística», la CUP pide a la Generalitat que se persone en todas las causas donde se ha derrochado o desviado fondos públicos y dotar de expertos en materia financiera al cuerpo de los Mossos d’Esquadra.
En lo que se refiere a la presidencia de la Generalitat durante los 18 meses de transición hacia la república, los argumentos ‘cupaires’ son suficientemente conocidos: «Creemos honestamente que la responsabilidad de la presidencia y del gobierno tiene que recaer en una opción de consenso, no ligada al ciclo anterior, que abra un nueva etapa no vinculada a los recortes ni a los casos de corrupción ni a una gestión del proceso que a menudo ha primado los intereses de partido, confundiéndolos con los de país».
