La «guerra del agua» que sacude la vida política catalana desde que en 2012, con el gobierno de la Generalitat en funciones, el entonces consejero de Territorio y Sostenibilidad, Lluís Recorder, adjudicó la privatización de la empresa Aigües Ter-Llobregat (ATLL) a la multinacional madrileña Acciona, hace extraños compañeros de cama.
La alcaldesa Ada Colau, en su condición de presidenta del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), ha decidido tomar partido en esta enconada pugna y, de manera sorprendente, lo ha hecho por el bando de Acciona y de sus aliados en esta polémica privatización (el «sector negocios» de CDC y las familias Godia y Rodés), que acumula una carretada de sentencias en contra.
Dice el dicho que «los enemigos de mis enemigos son mis amigos». Y esta máxima la ha aplicado Ada Colau con el nombramiento del economista Joan Pinyol como nuevo director general de Medio Ambiente del AMB y, por lo tanto, responsable directo de la sociedad mixta Aigües de Barcelona, que gestiona el suministro del agua a los 23 municipios metropolitanos.
Joan Pinyol era el gerente de la Agencia Catalana del Agua (ACA) cuando se produjo la privatización de ATLL y fue uno de los responsables directos de esta adjudicación, anulada por el organismo de la Generalitat que vela por la pulcritud de los procesos públicos. Pero la trayectoria de Joan Pinyol, que siempre ha sido uno de los «cerebros» en la sombra del «sector negocios» de CDC, se ha visto salpicada por otros episodios controvertidos, como por ejemplo su paso por el Ayuntamiento de Cervelló, localidad donde reside.
Allí entró, enchufado por CDC, como asesor y, después, interventor, en tiempo del alcalde Josep Lluís Morant. En 2009, el Tribunal Supremo condenó a Josep Lluís Morant a dos años de prisión y ocho años de inhabilitación por falsificación de documento oficial.
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