Mujer pensionista: discriminación y miseria

Todos los jubilados que duden entre votar al PSOE o al PP en las elecciones generales del próximo 20 de diciembre tendrían que saber antes que estos dos grandes partidos hegemónicos y no la coyuntura económica de crisis son los responsables del recorte brutal de sus pensiones. Si la media mensual de la paga ahora congelada es para echarse a llorar porque no llega a los 890 euros, mejor no hablar de lo que cobran las mujeres: discriminación y miseria en la mayoría de los casos. Y todavía será peor.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), de los casi 2,5 millones de personas que cobran hoy una pensión mínima del Estado, más de 1,5 millones son mujeres. El sueldo medio de este colectivo que representa el 30% de los pensionistas españoles es de 598 euros, pero mientras que la mujer cobra 17 euros menos, la pensión del hombre supera los 626 euros mensuales. Y en todas las categorías laborales el hombre gana por goleada. Para contextualizar este desolador escenario de pobreza no está de más recordar que el sueldo mínimo interprofesional en España está fijado en unos 648 euros mensuales. Parece una broma de mal gusto.

Desde 2007 los gobiernos del PSOE y del PP han reformado –total o parcialmente- el sistema público de pensiones unas ocho veces con la excusa de garantizar su sostenibilidad financiera y con el visto bueno de UGT y CCOO. Estas actualizaciones han servido, en la práctica, para poner más trabas para cobrar la pensión y para reducir su importe. Una de las últimas ocurrencias más perversas del ejecutivo Rajoy ha sido introducir en diciembre de 2013 el factor de sostenibilidad a la hora de calcular la pensión, una medida que discrimina todavía más por razón de género.

Este criterio, que condena a una parte importante de la población trabajadora femenina a la pobreza una vez que se jubile, permitirá a partir de 2019 recortar todavía más las pensiones con la excusa del incremento de la esperanza de vida. Esto no sólo significará el adiós definitivo a actualizarlas con el IPC, sino que aumentará la desigualdad social actual. Gracias a este invento, la mujer verá su minúscula pensión mucho más reducida con la excusa de que vive más años que el hombre. No es suficiente cobrar menos por el mismo trabajo o tener más dificultades para acceder al mercado laboral. Ahora también se nos castigará por vivir más.

La medida, que vulnera la Constitución, la propuso al gobierno popular un Comité de Expertos al constatar que de los 8,5 millones actuales de pensionistas se pasaría a los 15 millones en el año 2052, una cifra insostenible. El cálculo en sí mismo es maquiavélico, sobre todo si se tiene en cuenta que cada vez se están endureciendo más las condiciones para acceder a una pensión y que la esperanza de vida real de las clases más pobres se está acortando. Resulta interesante comprobar que estos expertos están vinculados a UNESPA, la patronal de las compañías de seguros, a entidades financieras y a FAES, la fundación neoliberal del PP.

Y aquí es, precisamente, donde reside la clave para entender la obsesión enfermiza de PP y de PSOE por recortar las pensiones públicas y reducir las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social cada cierto tiempo con el silencio cómplice de los sindicatos mayoritarios. Cuantos más obstáculos ponga el Estado para cobrar una pensión y cuanto más pequeña sea ésta, más posibilidades tendrán las aseguradoras y los bancos de vender planes de jubilación privados a sus clientes. El trozo del pastel a repartir es muy grande y los riesgos para la población también, y todavía más para las mujeres. Así que antes de votar, piensa.

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