La consejera en funciones de Enseñanza, Irene Rigau, ha negado, este martes en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que el Gobierno catalán incumpliera ninguna ley cuando apoyó la consulta del 9-N y ha derivado la responsabilidad de la organización en los voluntarios. La dirigente, que está imputada por desobediencia, prevaricación, malversación y usurpación de funciones, ha asegurado que cumplió «un mandato del Parlamento».
La consejera en funciones no ha ido sola al Tribunal. Ha llegado acompañada de la plana mayor del Ejecutivo catalán: Francesc Homs, Neus Munté, Felip Puig, Germà Gordó, Boi Ruiz, Santi Vila o Ramon Espadaler -quién ha sido abucheado por buena parte del medio millar de personas han esperado a las puertas del palacio del Paseo Lluís Companys mientras Rigau declaraba ante el juez-.
Las personas concentradas han amenizado la espera con gritos de «una urna no es delito» y «fuera la justicia española».
Rigau ha contestado sólo a las preguntas del juez y ha negado responder las formuladas por la fiscalía. Este martes por la tarde declarará la vicepresidenta en funciones, Joana Ortega. Y el jueves será el turno del presidente en funciones, Artur Mas. Este martes se han convocado concentraciones de apoyo a los encausados en todos los ayuntamientos catalanes.
