El Tribunal Constitucional (TC) -de mayoría conservadora propuesta (escogida) por el PP- suspende la iniciativa ciudadana aprobada en el Parlament para hacer frente a la emergencia habitacional y la pobreza energética. El Estado legisla para blindar las entidades bancarias de las acciones reivindicativas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Legisla para blindar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante la intromisión de la mirada incómoda de la ciudadanía. Legisla para blindar las instituciones de cualquier manifestación popular.
Si nadie con dos dedos de frente duda que el TC ha hecho brotar el independentismo, el PP -a menudo acompañado del PSOE y de CiU- y toda la maquinaria legislativa*, ejecutiva*, judicial* y mediática* que controlan la derecha y el capital, han desenterrado algo que, por obvio, parecía desaparecido: la conciencia de clase popular trabajadora (iba a escribir ‘obrera’, pero me parece un concepto desfasado). Y la recuperación de un espacio político institucional que hasta ahora parecía abonado a los intereses personales y partidistas.
Era incoherente que la mayoritaria clase popular trabajadora de un país -Catalunya o España- expoliado por la derecha (PP, PSOE y CiU) y el capital (Íbex-35) diera confianza durante tantos años a la clase dirigente tradicional. A algunos ya les interesaba la desafección política de la ciudadanía.
Pero ha habido una reacción y organización masivas: las mareas que defienden la educación y la sanidad públicas y de calidad, las pensionistas, las Redes de alimentos, el crecimiento del cooperativismo en los ámbitos energético, económico y periodístico, el 15-M, las PAH… y tantos otros movimientos sociales que practican una política transversal, desde la calle, no son sino un estallido ciudadano que se moviliza para dar sentido en el Estado Social. Hacen política con conciencia de clase popular trabajadora.
Este resurgir de conciencia individual y colectiva de clase popular trabajadora ha llevado a la alcaldía de Barcelona a una exactivista de la PAH. Y ha dado a los antisistema de la CUP un rol que les permite negociar con el establishment precisamente un cambio de sistema. Incluso algunos políticos que forman parte de la vieja guardia partidista, como Eva Granados (PSC) y Marta Ribas (ICV), trabajan con esta conciencia.
A pesar de no tener ‘prensa amiga’ que ensalce cada medida aprobada por el Consistorio, Ada Colau (Barcelona en Comú), con una larga trayectoria política apartidista, es la dirigente más valorada -por la ciudadanía- de todas las grandes ciudades españolas, según el último CIS. Le siguen Manuela Carmena (Ahora Madrid) y Joan Ribó (Compromís). Los tres pertenecen a formaciones que canalizan la política que se hace en la calle, y no en los despachos. La primera medida de Colau y Carmena como alcaldesas fue parar los desahucios, una iniciativa que parecía imposible llevar a cabo por la presión de los bancos y el inmovilismo de los partidos tradicionales.
Los excesos de la derecha y el capital han dado sentido a la soberanía popular y a un actuar coherente y consecuente de las personas. Ojalá dure la coherencia, y que la legislatura que comenzamos siente las bases de este modo de hacer política con la ciudadanía y para la ciudadanía.
Coda:
*Ejemplos
Legislativa: Aprobación de la reforma laboral (PP y CiU) que facilita los despidos y que, por lo tanto, en vez de crear ocupación ha rebajado las condiciones de los convenios colectivos aprobados de de entonces.
Ejecutiva: La aprobación, el 2014, de un plan (‘pelotazo’) urbanístico en el barrio burgalés del Gamonal que la acción directa de una parte de la ciudadanía paró.
Judicial: Los «fiscales de confianza» de Sánchez-Camacho, los fiscales que ejercen más la defensa que la acusación en los cuatro procesos abiertos a Rodrigo Rato, el control de los tempos judiciales para difundir resoluciones. O la manifiesta justicia de clases: comparar los días de prisión preventiva y de cumplimiento de las penas privativas de libertad de sindicalistas, huelguistas, activistas o presos políticos con los de Fèlix Millet, Rodrigo Rato, Núñez y Navarro, Demetrio Carceller o el mismo Jordi Ausàs, que ya tiene el tercer grado después de haber cumplido 3 meses de los 4 años de condena.
Mediática: Comparar el tratamiento informativo del supuesto sabotaje a la línea del AVE, que afectaba 7.500 personas, con las incidencias en Cercanías que cada dos por tres afectan a 200.000 usuarios del área de Barcelona. Comparar el tratamiento mediático del caso Monedero con el del caso Rato. ¿Algún mainstream ha explicado las consecuencias del TTIP que están apunto de aprobar?
