«Como mínimo es poco elegante». Así entiende el partido Piratas de Catalunya la designación del juez Joan Manuel Abril Campoy para que investigue al presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas. Abril Campoy, quién fue nombrado por el Ministro de Justicia Rafael Catalá es, a su vez, presidente, desde el 10 de diciembre de 2014, del Tribunal Supremo de Andorra, «país extranjero con sensibles conflictos económicos con la cuestión Convergència – Pujol y otras investigaciones».
También recuerdan que el convenio firmado el 22 de junio de 2015 entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y Andorra da «ventajas económicas y fiscales sustanciosas para los magistrados españoles».
Piratas de Catalunya y la Confederación Pirata quieren evidenciar que Carlos Lesmes, presidente del CGPJ a propuesta del PP y quien nombró a Abril Campoy, forzó la salida del CJPG de la Consejera Mercè Pigem. Y recuerdan que Pigem «había apostado por la transparencia absoluta del Poder Judicial, y se había enfrentado a muchos vicios adquiridos, como por ejemplo el regalo de cobrar -por parte de altos magistrados- por formar opositores con dinero «b», con el conocimiento del Ministerio y de Hacienda».
La Confederación recuerda al Poder Judicial que buena parte de su sueldo proviene de una «sociedad catalana que no entiende estas situaciones». El partido también condena la decisión de investigar a un presidente de la Generalitat «para poner unas urnas en la calle».