Cuando estalló el escándalo Pujol el 25 de julio de 2014 parecía que había llegado la hora de hacer autocrítica en la profesión periodística. Primero tímidamente porque el impacto de la noticia de los millones escondidos en el extranjero fue brutal, después más abiertamente, comenzaron a publicarse los testimonios de periodistas que sufrieron la censura de sus jefes durante el régimen pujolista o que directamente recibieron las iras del president en forma de broncas públicas y algún que otro tortazo.
La ley mordaza que había imperado en las redacciones durante más de dos décadas de pujolismo había llevado a hacer cosas tan antiperiodísticas como ignorar las reiteradas crisis matrimoniales entre CDC i UDC y los inacabables casos de presunta corrupción que salpicaban a todos los niveles de las instituciones catalanas. A diferencia de ahora, los tentáculos de la ley del silencio impuesta a la prensa llegaban también a las redacciones españolas, donde CiU era intocable porque era vista como un engranaje imprescindible en el funcionamiento de la maquinaria del gobierno central. Aquel verano se tenía que entonar un mea culpa general y había que hacerlo rápido para intentar frenar el creciente descrédito de la profesión.
Una vez superado el impacto inicial, parecía que comenzaba una especie de primavera periodística. Por fin nos liberábamos del corsé pujolista y, una vez caído en desgracia el señor feudal que había gobernado el país con mano de hierro, todo el mundo se desmelenaba creyendo que los viejos tiempos del silencio cómplice habían acabado y que empezábamos a ser un país democrático normal. Incluso algunos periodistas se atrevieron a escribir libros explicando lo que habían callado por miedo. Pero el sueño duró poco. Desde los despachos oficiales se volvió a dar instrucciones precisas para no entrevistar a los autores, ni invitarlos a tertulias, ni hacer difusión de sus polémicas obras.
Un año largo después de aquella noticia bomba, el periodismo catalán continúa amordazado salvo algunas valientes, pero minoritarias, excepciones. Esta vez la excusa para censurar a las voces críticas vuelve a ser la patria. Cualquier información sobre presuntos casos de corrupción en CDC es considerada un ataque directo a la línea de flotación del proceso soberanista por un grupo de redactores, analistas y opinadores a cargo del régimen masista. Quien abre la boca para quejarse de los recortes en salud, educación y servicios sociales es automáticamente calificado de antipatriota. Quien enaltece al líder es premiado gracias a las puertas giratorias entre política y periodismo, que nunca antes habían girado tan deprisa como ahora.
No ayuda mucho que sean los medios de comunicación españoles los que remuevan la mierda de la corrupción en Catalunya y publiquen las investigaciones. La razón es que nadie duda de que lo hacen con una intencionalidad política clara: la de desmovilizar a un pueblo que quiere ejercer su derecho democrático a la autodeterminación. Sin embargo, mientras que en Catalunya no haya más profesionales valientes, que hagan más de periodistas y menos de altavoces de las consignas del régimen, tendremos que continuar leyendo en la prensa española lo que no encontramos en la catalana. Por cierto, tan subvencionada que, si no fuera por los millones que cada año recibe del gobierno de Mas, quizás ni existiría.
