Con el nombramiento de la consejera de Bienestar Social y Familia, Neus Munté, como vicepresidenta y portavoz del Gobierno de la Generalitat, el presidente Artur Mas quiso escenificar un giro social. Tendencia que, por otro lado, se ha querido extender a la lista que las entidades independentistas, CDC y ERC compartirán el 27-S, con el ecosocialista Raül Romeva como número 1.
Pero precisamente la consejería que lidera desde 2012 Munté tiene una deuda impagada de 188.000 millones de euros con más de 202.000 familias catalanas que tenían que haber recibido una prestación por tener niños a su cargo.
Cuando CiU volvió al Ejecutivo, suprimió estas prestaciones, aprobadas por el segundo tripartito, y limitó las ayudas a las familias con rentas más bajas. El Gobierno de Artur Mas, a pesar de haber reconocido el derecho a percibir aquellas ayudas, no efectuó pagos correspondientes a 2010, que totalizaban 78 millones, y a 2011, por un importe de 110 millones.
El plazo de cinco años establecido por la Generalitat para efectuarlos se agota y la mayoría de las familias no han recibido las prestaciones ni ninguna comunicación. Dolors Gordi, secretaria de Familia, eso sí, explicó en mayo que se habían dedicado 6 millones de euros para pagar una parte.
Pero el colectivo de abogados Ronda ha anunciado acciones administrativas y judiciales, así como la convocatoria de una reunión con las familias que tendrían que haber percibido las ayudas para informarlas de las acciones que se emprenderán.
