Traiber, la empresa que hizo saltar la alarma sanitaria por el mal estado de prótesis proveídas a varios hospitales catalanes, investigada en el marco del caso Innova, tenía una treintena de profesionales sanitarios comprados para que utilizaran sus productos, revela una investigación de El País.
En concreto, documentos de esta compañía muestran que cirujanos de la sanidad pública y la privada se embolsaban comisiones de hasta un 30% del precio de prótesis vertebrales, de cadera y de rodilla implantadas a sus pacientes.
Según la misma información, el juzgado de Reus y la Guardia Civil están concentrando sus indagaciones en estos pagos.
Entre las revelaciones de El País destaca la constatación de la competencia en el sector para tener médicos ‘a comisión’.
Contactos de alto nivel
Según la investigación judicial, Lluís Márquez, administrador de Traiber, mantuvo reuniones al más alto nivel con el presidente Artur Mas y con el ex consejero de Industria Francesc Xavier Mena.
Además, el instructor del caso, que ordenó el ingreso a la prisión con una fianza de 20.000 euros para Márquez, considera que este empresario presionó al Ayuntamiento de Reus y obtuvo un trato de favor de la primera teniente de alcalde, Teresa Gomis (CDC).
Gomis, todavía imputada, tomó posesión recientemente de su acta como diputada en el Congreso a pesar de las presiones iniciales de Convergència para que renunciara al escaño.
