Después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) declarara nulo el procedimiento con el que Acciona obtuvo el contrato de Aigües Ter-Llobregat (ATLL), el lío ha pasado a una fase que se espera que dure alrededor de un año.
Es el tiempo que tardará, aproximadamente, el Tribunal Supremo en resolver los recursos presentados por parte de Acciona, el banco BTG Pactual, la Generalitat de Catalunya y Agbar, la aspirante derrotada en aquella adjudicación, contra la decisión del TSJC de tumbar la concesión.
Pero hay un pago que Acciona tiene pendiente. Son 40 millones de euros en concepto de impuesto de transmisiones patrimoniales. Han pasado más de dos años y medio desde que, en diciembre de 2012, el grupo de los Entrecanales se embolsó la concesión de ATLL, cifrada en 1.000 millones de euros, pero en ese tiempo la Generalitat no ha reclamado de importe.
Según fuentes cercanas a la concesión citadas por Crónica Global, el consorcio que obtuvo la polémica concesión, encabezado por Acciona, no piensa pagarlo y la Generalitat de Catalunya tampoco parece estar por la labor de reclamar este impuesto.
El consejero de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell, ha admitido esta semana que si el Gobierno catalán tendrá que pagar 326 millones de euros a Acciona si le rescinde el contrato de gestión de ATLL. En cambio, ha evitado referirse a la condonación de tasas.
