La creación, por parte de la Generalitat, del nuevo consorcio sanitario público del Hospital Clínico de Barcelona, participado por el Servei Català de la Salut (CatSalut) y la Universidad de Barcelona, no ha gustado a sindicatos y usuarios, que consideran que se está preparando el terreno para una futura privatización. Este martes se han concentrado ante las puertas del centro para rechazar la decisión de la Generalitat.
En concreto, los trabajadores del hospital señalan que los estatutos del consorcio abren la puerta a la privatización de los servicios y a la precarización laboral, y que blindan la actividad privada que ya se desarrolla en las instalaciones del hospital mediante Barnaclinic. Estos estatutos, que recibieron más de 4.000 alegaciones, no hacen variar la titularidad exclusivamente pública del centro, pero, según UGT Catalunya, abren una rendija a la utilización privada del servicio.
En este sentido, resultan particularmente controvertida la posibilidad que se da al Clínico para formalizar convenios de colaboración con «otras entidades especializadas» y la no exclusión de actividades de financiación no pública y no cubiertas por el sistema público de salud, así como la opción que se ofrece para crear entidades instrumentales, participar en ellas o servirse de las ya creadas o participadas.
