Dos asignaturas pendientes de España son la regulación de los lobbies y la protección de los whistleblowers, las personas que denuncian, desde dentro, las malas prácticas de instituciones públicas y privadas. Lo señala el informe de la OCDE Government at a Glance (Gobierno de un vistazo), que detalla el estado del sector público de los miembros de esta organización analizando varios indicadores.
Mientras que la mayoría de países de la OCDE ha acelerado los últimos años en relación a la regulación de los lobbies, España se encuentra estancada: no ha emprendido ninguna medida en este sentido. La iniciativa más remarcable durante la legislatura de Mariano Rajoy como presidente ha sido una ponencia en el Congreso de la que no resultó acuerdo ni medida alguna.
España tampoco es un territorio amable para los whistleblowers. Es uno de los cuatro estados miembros de la OCDE sin amparo legal para estos informadores, mientras que un 88% de estos países los protegen legalmente. Sólo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dispone de una protección para destapar un cártel desde dentro.
