Una serie de cinco sentencias consecutivas de Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dejado sin argumentos jurídicos a la Generalitat de Catalunya para continuar reteniendo las 112 obras de arte religioso que están depositadas en el Museo Diocesano y Comarcal de Lleida y que reclaman, desde hace años, el obispado de Barbastro-Monzón y la Diputación General de Aragón.
La «batalla de la Franja» vive uno de sus últimos capítulos y ya sólo queda pendiente formalizar la devolución de las piezas en litigio…, si es el que consejero de Cultura, Ferran Mascarell, no decide «inmolarse» en un procedimiento penal por «desobediencia a la autoridad judicial y apropiación indebida». El conflicto se inició en 1995, cuando el Vaticano decidió, por presión del Opus Dei, la segregación de 111 parroquias del obispado de Lleida en territorio aragonés para incorporarlas al obispado de Barbastro-Monzón.
Entonces se planteó el litigio sobre las obras de arte de esas parroquias, que habían ido a parar al museo de Lleida, fundado en 1893, para evitar su venta o su expolio después de las Leyes de desamortización. En una resolución del año 2005, el Supremo Tribunal de la Firma Apostólica decidió que estas piezas religiosas «depositadas» en Lleida tenían que ser reintegradas a las parroquias de origen, a través del obispado de Barbastro-Monzón, sentencia confirmada en 2008 por el Tribunal de la Rota.
Pero la Generalitat y las instituciones ilerdenses decidieron convertir este litigio en un casus belli, detrás del cual subyace la reivindicación nacionalista de la catalanidad de la Franja de Ponente. De este modo, el departamento de Cultura decidió catalogar en 1999 las 112 obras religiosas como «bien del patrimonio cultural» y, con este argumento jurídico, la Generalitat ha defendido que no podían salir del Museo Diocesano y Comarcal de Lleida.
La Diputación General contraatacó declarando, a su vez, las 112 obras «bien del patrimonio cultural» de Aragón, a través de un decreto del año 2011. Este decreto fue recurrido judicialmente por la Generalitat y la Diputación de Lleida y ahora el Tribunal Supremo, en cinco sentencias, acaba de confirmar su plena validez. Es decir, reconoce que las piezas religiosas están doblemente protegidas por la legislación autonómica de Catalunya y de Aragón.
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