A pesar de que el Ministerio Público sostiene que el exdiputado del PSC, Luis Andrés García ‘Luigi’, desarrolla un «papel fundamental» en el entramado urbanístico corrupto, como conseguidor e intermediario, hasta el punto que los interesados en adjudicaciones «tenían asumido» que tenían que contar con su visto bueno para optar a contratos con la Administración, el exdiputado ha negado los cargos de blanqueo y tráfico de influencias. El fiscal cuantifica sus ingresos por el caso Pretoria de 5,8 millones de euros y le pide ocho años de prisión.
Luigi ha negado, este martes en la comisión parlamentaria que investiga el fraude y la corrupción, los ‘pelotazos’ urbanísticos por los cuales se le acusa: en el caso de Badalona «no tengo nada que ver, ni es a mi empresa, ni conozco nada». La operación a Llavaneres se enmarca «en el convenio urbanístico establecido, que según la misma fiscalía del TSJC es impecable porque no hay un desequilibrio entre el beneficio público y privado». Y en Santa Coloma, «modificaciones conveniades de uso».
«En ningún caso mis actuaciones como promotor inmobiliario se enmarcan en la lógica de la fiscalía y de las investigaciones policiales. No hay una sola prueba, ni testifical ni documental, en todo el procedimiento que acredite esta especulación. Las operaciones son cumpliendo estrictamente la legalidad, tanto desde el punto de vista urbanístico como económico», se ha defendido de las acusaciones.
