¿Hay algún padre o madre que piense que la alimentación de los hijos que tienen en la guardería, de entre 0 y 3 años, no sea «crucial» para su desarrollo? Pues en Barcelona hay 95 guarderías públicas de las cuales 92 han privatizado su gestión: su servicio de comedor y de limpieza. Son cifras que apuntaban en noviembre pasado, cuando se presentó, algunas de las representantes de la Iniciativa Legislativa Popular para cambiar el modelo educativo de Cataluña.
Tenían hasta marzo para conseguir las 50.000 firmas necesarias para que los recibieran en el Palacio de la Ciutadella y se admitiera a trámite la propuesta de Iniciativa Legislativa Popular por un nuevo modelo educativo. Este jueves han presentado el recuento de firmas recogidas: 95.000. «Un 90% más de las que exige la ley», han apuntado.
La propuesta pretende involucrar a la comunidad educativa, los padres y madres y los mismos alumnos en la elaboración de las bases para una enseñanza pública, universal y de calidad, que pare la privatización de algunos servicios y la segregación que tanto CiU como PP están introduciendo en las aulas. Con el apoyo de decenas de entidades, de partidos como la CUP o Proceso Constituyente y de algunos sindicatos, los promotores intentan que el debate sobre el nuevo modelo que proponen entre y se discuta en el Parlamento.
Piden la gratuidad y el acceso universal a la enseñanza, desde la guardería hasta la universidad; la eliminación de los conciertos y la plena democracia en los centros. «Si otro país es posible pasa por una nueva educación», defienden los impulsores de la iniciativa. Una veintena de representantes de las 159 asociaciones han llevado las firmas en 11 cajas hasta el Idescat, que ahora tendrá que certificar la autenticidad.
Ahora habrá que ver qué acogida tiene la ILP en la cámara legislativa catalana.
