La Diputación de Barcelona ha repartido entre empresas y fundaciones privadas un mínimo de un millón de euros de las partidas destinadas a la cooperación al desarrollo, que normalmente iban dirigidas a proyectos de cooperación a países empobrecidos, según una información de ‘eldiario.es‘.
Convergència i Unió ha cambiado sustancialmente, desde que en 2011 se hizo con el control del ente supramunicipal, la política de ayudas a la cooperación y al desarrollo, para impulsar la internacionalización de empresas.
Así, el 0,7% de ayudas que históricamente han reivindicado varias asociaciones por los derechos humanos han servido para inyectar fondos a empresas para que desarrollen su actividad en países del primer mundo. El ‘diario.es’ pidió aclaraciones por escrito a la Diputación, y desde el ente contestaron que el responsable, Jordi Castells Masanés, «estaba de viaje» cuando, según el diario, «algunos testigos lo vieron a su oficina».
Empresa y clima ha sido una de las entidades más beneficiadas por esta política neoliberal de subvenciones: 228.000 euros desde el 2013. La patronal catalana Pimec, 156.000 euros desde el mismo año. Strategic SL, consultora especializada en guiar empresas a la conquista de nuevos mercados, 66.000.
