El polémico concurso para la adjudicación del servicio de ambulancias en Catalunya durante los próximos diez años está en suspenso, en espera del dictamen final del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. Es un ‘pastel’ muy goloso, puesto que las empresas que resulten ganadoras se repartirán unos 2.000 millones de euros. Desde el momento de su convocatoria, EL TRIANGLE ha hecho un seguimiento exhaustivo de las vicisitudes de este concurso que, por su elevado importe, es el más importante que convoca la Generalitat durante esta legislatura.
Dos valoraciones
El pasado 21 de enero, el Servei Català de la Salut (CatSalut) hizo pública la adjudicación provisional de los 13 lotes territoriales, en función de las ofertas económicas presentadas. El gran ganador fue la multinacional danesa Falck, que se quedaba con unos 1.000 millones de euros del ‘pastel’, seguida del grupo TSC (propiedad del fondo Investindustrial, de la familia Bonomi), con unos 400 millones de euros, y de la alianza Ambulancias Egara/Lafuente, con 400 millones más. Esta primera distribución causó un gran revuelo en el sector, puesto que dejaba fuera algunas empresas locales con un fuerte arraigo en el territorio.
Los resultados de la evaluación técnica de las ofertas se hicieron públicos el pasado 6 de abril y el «mapa» cambió sustancialmente. Ahora, quien ha salido más beneficiado es el grupo de la familia Bonomi, con unos 1.000 millones de euros, mientras que Falck se queda con contratos por unos 490 millones de euros y Egara/Lafuente mantiene la parte del ‘pastel’ que ya tenía.
Pero el descontento se mantiene entre muchos de los participantes en el concurso, disconformes con la adjudicación provisional que ha hecho el CatSalut y que han formalizado un total de siete recursos ante el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic contra nueve de los lotes territoriales. Está previsto que este organismo de la Generalitat dé su veredicto final en las próximas semanas.
El caso Innova
En estos momentos, los nervios en el sector están a flor de piel. Hay una montaña de dinero en juego y peligra la viabilidad de algunas empresas si no consiguen parte de los 2.000 millones. Especialmente grave es el caso de Ambuibérica -empresa propietaria de Ambulàncies Reus- que se ha quedado sin ningún lote. En el anterior concurso, en 2006, Ambulancias Reus resultó adjudicataria de los servicios en las comarcas del Camp de Tarragona (Priorat, Conca de Barberà, Baix Camp, Alt Camp, Baix Penedès y Tarragonès).
En la perspectiva del nuevo concurso de Catalunya, el grupo Ambuibérica, con sede central en Valladolid y muy vinculado al PP, compró en 2011 la empresa Ambulàncies Reus por 20 millones de euros. En esta operación intermedió el ex consejero de Salud, Xavier Pomés, según demuestran los documentos decomisados por la Guardia Civil en el domicilio de Josep Prat, exdirector general del Institut Català de la Salut, en el marco de las investigaciones sobre el caso Innova.
Carlos Magdaleno, el fundador y director general de Ambuibérica, se lo juega todo en el concurso de la Generalitat. El grupo está participado por el fondo de capital riesgo ProA Capital y está a punto de culminar su venta al private equity francés PAI Partners, vinculado a la banca Paribas.
La operación, valorada en unos 300 millones de euros, depende de que Ambulancias Reus (Ambuibérica) consiga renovar los lotes que tenía en Catalunya.
Facturas falsas en la Aragón
A la desesperada, Carlos Magdaleno ha presentado un recurso contra la adjudicación provisional y no duda en desacreditar a sus competidores para intentar de conseguir una parte del ‘pastel’. Pero su relación con el caso Innova -el escándalo de corrupción que ha puesto al descubierto la existencia de una mafia sociovergente en la sanidad catalana- lo deja en una posición imposible.
Además, Ambuibérica se ha visto envuelta en muchos escándalos y conflictos en las zonas donde opera. Las precarias condiciones laborales de sus trabajadores y las represalias contra los delegados sindicales han provocado huelgas y movilizaciones en Castilla-La Mancha y Euskadi.
En Aragón, la empresa de Carlos Magdaleno ha sido denunciada por la facturación falsa de servicios de ambulancias, usando la identidad de personas muertas. El gobierno autonómico le ha impuesto una sanción de 262.000 euros.
