El 30 de noviembre de 2012, el Gobierno central aprobaba un real decreto que anulaba la revalorització de las pensiones de todo aquel año. Para hacerle frente, el Colectivo Ronda elaboró una guía de reclamación de aquel dinero que dejaban de ingresar los pensionistas, para que los afectados que quisieran la pudieran presentar a los tribunales. Paralelamente, la asamblea 15-M de Sants tiene conocimiento de esta campaña y sus representantes organizan unas charlas en el barrio barcelonés para informar a la gente mayor de este derecho de reclamación que tienen. «Queremos generar un espacio de reflexión sobre las pensiones públicas -explica Carlos Martínez, miembro de la asamblea- porque creemos que durante las últimas décadas se está sufriendo una lesión muy grave de este derecho». A raíz de este acontecimiento, los participantes del grupo de debate se animan y se organizan como una asamblea para llevar a cabo, en bloque, la primera presentación de las reclamaciones, en mayo del 2013.
A día de hoy, hasta ocho veces han repetido esta acción judicial con diferentes afectados. Un mes después, en junio, la asamblea de Sants se entrevista con la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona y con Iaioflautas con la idea que la asamblea se extienda. «Entendemos que las pensiones no afectan sólo los pensionistas. Las reformas del Gobierno afectan sobre todo las personas que las tenemos que cobrar de aquí a unos años», advierte Carlos. En septiembre empiezan a generar asambleas en varios barrios barceloneses, que reciben el apoyo de algunas asociaciones de vecinos, y se coordinan bajo el nombre de la marea pensionista.
Calculan que en todo el Estado se han presentado entre 10.000 y 15.000 demandas. «Era imposible poder hacer la gestión de todos los casos, por eso les dimos las herramientas para que cada cual pueda presentar su escrito. Se han autogestionado», explica el abogado de Ronda que los asesora, Àlex Tisminetzky. El Tribunal Superior de Justicia dejó en suspenso los escritos hasta que el Tribunal Constitucional dictaminara sobre la legalidad del Decreto. Dos años después, cuando la marea empieza a coger músculo, el Constitucional sentencia, el mes pasado, a favor del real decreto del Gobierno. Con una mayoría de sólo dos votos, dice que sacar las revaloritzaciones de las pensiones del 2012, de enero a noviembre, de forma retroactiva, es constitucional, pero no entra a valorar sobre la congelación definitiva de las mismas. El voto minoritario dice que es un criterio economicista.
LEE EL REPORTAJE COMPLETO EN LA EDICIÓN EN PAPEL DE ‘EL TRIANGLE’ DE ESTA SEMANA
