Los ‘peajes en la sombra’ cuestan 200 millones

Los catalanes pagamos seis autovías mediante los presupuestos de la Generalitat a las adjudicatarias de su construcción por el 'sistema alemán'
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El «sistema alemán» de financiación de obras públicas se ha demostrado, en el caso de Catalunya, que es una «bomba de relojería» que afecta gravemente a las cuentas de la Generalitat. Este mecanismo de ingeniería financiera -ideado, paradójicamente, para no agravar el déficit público- se empezó a aplicar en las postrimerías del régimen de Jordi Pujol y logró su máximo «esplendor» con el consejero Joaquim Nadal, durante la etapa del Gobierno Tripartito.

En su origen, el «sistema alemán» estaba pensado para ejecutar obras urgentes que no tenían partida presupuestaria asignada, pero en el caso de Catalunya se ha aplicado «alegremente» durante el periodo 2002-2009, hasta que un informe de la Sindicatura de Cuentas del año 2008 alertó de los enormes riesgos que comportaba y de su inviabilidad financiera a largo plazo. En total, y además de la deuda financiera -que asciende a 62.000 millones de euros-, la Generalitat acumula 80.000 millones de euros de «compromisos de gasto adquiridos con cargo a ejercicios futuros», que en buena parte corresponden a obras realizadas por el «sistema alemán» de financiación.

El ‘Castor catalán’
Entre las partidas diferidas más importantes están los 17.000 millones comprometidos en el plan ferroviario Ifercat (hasta el año 2055), los 6.400 millones de las seis autovías que se explotan por el sistema de «peaje en la sombra» (hasta el año 2041), los 3.500 millones en escuelas y otros equipamientos (hasta el año 2037), los 2.700 millones destinados a comisarías de los Mossos, juzgados y centros penitenciarios (hasta el año 2042) o los 1.300 millones de la Ciutat de la Justicia (hasta el año 2039).

Las obras ya están hechos, pero la Generalitat -para no incrementar su endeudamiento- optó por pagarlas a plazos a las empresas adjudicatarias, que buscaron financiación bancaria privado para ejecutarlas. Eso sí, garantizándose por contrato con la Administración una rentabilidad abusiva que supera, por término medio, el 10% anual. Además, los bancos han exigido que, en caso de impago por parte de las empresas concesionarias, la Generalitat asuma la responsabilidad de los créditos otorgados. Es a decir, lo mismo que ha pasado con el escándalo de la plataforma Castor.

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