La CGT tiene la sospecha que la antigua empresa Aguas Ter-Llobregat, que actualmente se denomina ATLL Concesionaria de la Generalitat SA, que gestiona el agua de 5 millones de habitantes de Cataluña, desde el Bajo Tordera hasta el Anoia, ha contratado irregularmente por un valor de 7,4 millones de euros a una empresa ‘pantalla’.
El sindicato ha documentado que ha habido una contratación de servicios que vulnera la concesión hacia otra empresa, que es propiedad del accionista principal de ATLL, y que se denomina ATLL Operadora. «Cualquier contratación de ATLL tiene que llevar una aprobación explícita del ente regulador, que es la Generalitat, y esta condición no se ha dado», ha explicado este jueves el secretario general del sindicato CGT, Ermengol Gassiot, quien ha denunciado la irregularidad a la Oficina Antifrau.
La empresa que factura para ATLL tiene cero trabajadores, según el Boletín del Registro Mercantil. «La empresa no tiene plantilla para hacer aquello por lo cual está facturando, que es el mantenimiento y la operación en la red pública de aguas de Cataluña», ha explicado Gassiot, para añadir que «tampoco hay ninguna autorización expresa de la Generalitat para realizar esta operación».
CGT explica que «tuvimos conocimiento de la contratación porque en 2013 implicó el trasbalse de 7.414.000 euros de la empresa privatizada hacia la otra empresa del grupo Acciona. Esto no se ha hecho bajo autorización pública, porque el Grupo parlamentario Mixto lo preguntó al Gobierno y este negó explícitamente haber dado esta autorización».
ATLL Concesionaria tiene un miembro del Gobierno en el consejo de administración de ATLL Concesionaria, que además es el gerente de la Agencia Catalana del agua, y que es quien tendría que haber autorizado el contrato a una empresa externa. Pero el Gobierno dice que no tiene conocimiento que se estuviera produciendo este contrato a una empresa externa. «Nos sorprende mucho que la Generalitat no sepa que durante dos años se habían externalizado estos servicios«, ha dicho Gassiot.
«Tenemos la sospecha de esta irregularidad en la gestión del agua, y como mínimo con el Gobierno mirando hacia otra banda. La empresa, además, está facturando una actividad no efectuada, porque no consta que haya ningún trabajador», ha concluido.
CGT esperará a que Antifraude abre una investigación. La Oficina tiene que dar una respuesta al expediente antes de tres meses, un periodo durante el cual, el sindicato no descarta emprender la vía judicial.
