Las entidades de la discapacidad calculan que la Generalitat les debe más de 82 millones

El riesgo de exclusión social se incrementa por culpa de los impagos acumulados
artur mas
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Los impagos de la Generalitat de Catalunya están haciendo mella en la atención a los discapacitados de Catalunya. Según el Comité Catalán de Representantes de Personas con Discapacidad (COCARMI), que aglutina al movimiento asociativo que trabaja por las personas discapacitadas, la deuda gubernamental acumulada desde 2011 se eleva por encima de los 82 millones de euros.

Los números del COCARMI, además, indican que cada año se ha registrado más deuda que el anterior durante este periodo: 2,9 millones en 2011, casi 7,8 millones en 2012, 12,2 millones en 2013 y 31,3 millones en 2014. La cifra de este año, sin embargo, es algo menor que la del año pasado: 28,2 millones de euros.

Al departamento de Bienestar Social, según este comité, le corresponde la mitad de esta deuda, casi 41 millones. Empresa y Ocupación acumula 38,6 millones de deuda, Educación suma 1,8 millones, Salud debe 1,1 millones y Justicia, más de 56.000 euros.

Antonio Guillén, presidente del COCARMI, señala las consecuencias de los impagos: «una reducción de los servicios, la pérdida de calidad de estos, la paralización de adjudicación de plazas en los servicios asistenciales, el aumento de listas de espera, unas mayores cargas para las familias, limitar la creación de puestos de trabajo y, en definitiva, un creciente riesgo de exclusión social y laboral de las personas con discapacidad«.

Mas no responde
Guillan explica que, en este contexto, se están diluyendo los avances en el apoyo a las personas discapacitadas logrados a base de muchos años de esfuerzos. Asimismo, la agrupación de asociaciones y federaciones que dan voz a los ciudadanos discapacitados de Catalunya recuerda que no ha recibido todavía ninguna respuesta por parte del presidente Artur Mas a la carta que le remitieron en marzo, en la que se referían a la grave situación financiera y sus consecuencias.

El COCARMI quiere obtener un calendario de pagos que posibilite la acción de las entidades que velan por las personas con discapacidad y solicita a la Generalitat que asuma el gasto financiero resultante de sus reiterados impagos.

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