La Semana Santa de 2015 y los días que la han precedido pasarán a la historia de la Sanidad pública catalana como el periodo de impulso definitivo de tres medidas controvertidas por parte del Gobierno de la Generalitat, con Boi Ruiz al frente del Departamento de Salud.
Proyecto Visc
Según el relato oficial, Visc se fundamenta en la convocatoria de un concurso mediante el cual una empresa privada adquiere información anónima y segura del sistema sanitario que se empleará, supuestamente, en la búsqueda y la innovación del sector. Los detractores de esta iniciativa indican que abre la puerta a la explotación comercial privada de los datos sanitarios de los catalanes, que se ha desarrollado de manera opaca y que genera un escenario de inseguridad respecto a la protección de los datos.
La Consejería de Salud, no obstante, ha acabado aprobándolo (después de haberlo congelado en enero), asegurando que «facilitará las grandes cantidades de datos que se generan continuamente en el sistema de salud de Catalunya a todos los agentes que intervienen o tienen capacidad para mejorar la salud de la población». El proyecto Visc , puesto en marcha mediante su publicación en el DOGC el pasado miércoles, faculta a los centros de investigación que reciben datos de pacientes a subcontratar a empresas y entidades que gestionen estos datos, y prevé que sea anónima «toda la información incluida en los ficheros que contienen datos personales de la Consejería, del CatSalut y del ICS».
Francesc Duch, secretario general del Sindicato de Médicos de Catalunya, ha reprochado al Gobierno la falta de debate: «Yo pienso que la Generalitat se equivoca en querer sacarlo adelante sin haber hecho este debate que, de alguna manera, el Parlamento exigía. Es un debate social y técnico para evitar que haya suspicacias». En declaraciones a Catalunya Ràdio ha expuesto otra objeción: «qué pasa si, tal como está legislado, el enfermo usa su derecho para que no se haga nada con sus datos. No queda muy claro».
El Consorcio Sanitario de Lleida
Otro movimiento reciente ha sido la publicación en el DOGC, este martes, del proyecto de «disolución de Gestión de Servicios Sanitarios y la constitución del Consorcio Sistema Integral de Salud Lleida (SIS Lleida)». Salud está ultimando, así, la aprobación de un consorcio público que unificará en un solo ente la gestión de la sanidad en Lleida, a pesar de que el Parlamento ha aprobado una moción para paralizar esta controvertida iniciativa. Los detractores de la medida alertan de una privatización encubierta, de la implantación de un modelo de gestión opaco y del incremento de cargos directivos.
Coto abierto a la actividad privada
Además, la instrucción 05/2015 de 26 de marzo de 2015 supone la autorización del CatSalut a los centros de la red sanitaria pública para que puedan ofrecer sanidad privada en sus instalaciones. Si bien expresa la necesidad de separar la cobertura pública de los centros privados para evitar «derivaciones no legítimas» y «competencia desleal», no se especifica cómo se ejercerá ese control. La inserción de la privada Barnaclínic en las instalaciones del Hospital Clínico de Barcelona ha generado dobles listas de espera, entre otros efectos negativos, pero ahora se verá reforzada.
Declive del servicio y silencio mediático
La prensa catalana no se ha hecho eco en sus portadas de estos hechos, como recuerda Mèdia.cat, ni ofrece, en general, una lectura global, profunda y crítica de movimientos como estos de Boi Ruiz al frente de Salud. El último barómetro sanitario de este departamento, por cierto, ilustra la percepción del declive sanitario catalán: según publica Vozpópuli, un 80% de los pacientes encuestados todavía aprueba la sanidad pública catalana, pero un 42% percibe un empeoramiento en la calidad de los servicios ofrecidos, afectados por años de recortes.
