El escándalo que sacude a la Banca Privada de Andorra (BPA) y, de rebote, al sistema bancario del Principado, ya tiene consecuencias claramente palpables por los clientes de esa entidad intervenida por el Estado y acusada de facilitar el blanqueo a organizaciones delictivas.
Por orden del Instituto Nacional Andorrano de Finanzas (INAF), el regulador bancario, que tiene el control de la entidad, cada depositante de la BPA puede retirar, como mucho, 2.500 euros en efectivo cada semana, una medida con la cual se trata de prevenir la retirada masiva de dinero del banco. Además, las operaciones con bancos corresponsales y las transferencias se encuentran bloqueadas, y las tarjetas de crédito, inhabilitadas, informa El Periòdico d’Andorra.
Las oficinas y los cajeros de la BPA, explica el mismo diario, se han visto saturados esta mañana, una situación que ha generado enojo en las colas de clientes que han tenido que esperar para ser atendidos, en algún caso durante más de dos horas.
Este mismo lunes se ha conocido que su filial española, Banco Madrid, será liquidada y que sus clientes sufren un corralito todavía más severo que les impide retirar sus depósitos.
