La comisión parlamentaria que investiga el fraude y la corrupción ha sufrido este lunes, en palabras de su presidente David Fernàndez, «la metáfora de la Omertà», la ley del silencio, el código de honor de la mafia que prohíbe informar sobre los delitos de asuntos que salpican a conocidos. El asesor fiscal de la familia Pujol desde el año 83, Joan Anton Sánchez-Carreté, se ha amparado en el artículo 199 del Código Penal en lo referente a la no divulgación de secretos profesionales para considerar que «no tengo otra alternativa que mantener ‘el silencio de la Cartuja’ ante mi comparecencia».
Un escudo legal falaz porque los diputados han interrogado a Sánchez-Carreté, sin recibir respuesta, sobre actividades supuestamente ilegales del despacho de asesores fiscales del compareciente que no tienen que ver ningún cliente. Han cuestionado, por ejemplo, el indulto concedido por Zapatero después de haber sido sentenciado a dos años de prisión y una multa de 1,2 millones de euros por fraude.
«Tengo la obligación de comparecer ante la comisión de investigación pero al mismo tiempo tengo la obligación de exigir reserva sobre mi representado. Lamento que la comisión no haya recogido mis razonamientos jurídicos», han sido las palabras, al inicio de la comparecencia de Sánchez-Carreté. El asesor fiscal ha aducido que la citación parlamentaria hacía referencia a sus clientes y no a su trabajo. Ni un palabra más, a pesar de la insistencia de los diputados, que han repasado la trayectoria como «cobrador de comisiones, sobornador de inspectores de Hacienda y defraudador» del compareciente. La indignación de los parlamentarios se ha canalizado en una propuesta, pendiente de aprobación, para que el asesor fiscal vuelva a comparecer para explicar su trabajo.
El ex suegro de Junior tampoco dice ‘ni pío’
El otro compareciente citado este lunes, Ramon Gironès Pagès, ex suegro de Junior, tampoco ha respondido a las cuestiones de los diputados: «Me encuentro bajo la investigación llevada a cabo por el juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. La existencia de esta imputación penal y la necesidad de proteger mi derecho de defensa y siguiendo el consejo de mis asesores legales, me obliga a acogerme al derecho a no declarar «. Ni una palabra de los negocios y el cobro de comisiones que llevó a cabo con Jordi Pujol Ferrusola.
