La denuncia del Tesoro de los Estados Unidos contra la Banca Privada de Andorra (BPA) por la supuesta participación activa de esta entidad en el blanqueo de dinero procedente de organizaciones criminales salpica a dos figuras de la vida pública catalana y cuestiona su permanencia en las instituciones públicas y privadas de las que forman parte.
El caso más obvio es el del directivo del FC Barcelona Ramon Cierco, que es codirector de la BPA, pero las acusaciones de las autoridades norteamericanas, asimismo, hacen todavía más insostenible la situación del diputado convergente Xavier Crespo, imputado en el caso Clotilde, que resiste en el hemiciclo.
Según la instrucción de este caso, Crespo, cuando era alcalde de Lloret de Mar, fue sobornado por Andrei Petrov, a quien los EE.UU. vinculan a los movimientos de dinero de la mafia rusa por los cuales se acusa a la BPA.
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ve «indicios racionales de criminalidad» en la relación de Crespo y este presunto miembro de la mafia rusa, quien habría recibido ayuda de un alto cargo de la BPA y habría obtenido crédito de esta entidad, que empleó para llevar a cabo su actividad corruptora.
El blanqueo de dinero atribuido a Petrov en el caso Clotilde se eleva hasta los 56 millones de euros. Crespo y Petrov se sentarán al banquillo de los acusados por este caso.
Doctrina convergente
El hecho de tener un diputado imputado y pendiente de ser juzgado por una presunta relación con organizaciones mafiosas no ha tenido ninguna consecuencia política hasta ahora. En este sentido, la flamante comisionada para la transparencia, Núria Bassols, ubicó el listón recientemente, diciendo que un imputado puede formar parte de las listas electorales y que la lentitud de la Justicia obliga a mirar caso por caso. Según Bassols, no se tienen que descartar a imputados de las listas hasta que no se abre contra ellos un juicio oral.
El nombramiento de Bassols fue polémico porque fue responsable de la polémica desimputación del diputado convergente Ferran Falcó en el caso Adigsa.
