Aguas de Barcelona (Agbar) ha denunciado al Reino de España ante la secretaría general de la Comisión Europea por «vulneración del derecho comunitario» en el conflicto Aguas Ter – Llobregat (ATLL), que la empresa mantiene con la Generalitat y con Acciona.
Denuncia «el incumplimiento sistemático de la Generalitat de las resoluciones judiciales que obligan a excluir a Acciona de ATLL». El Gobierno catalán hace meses que tiene el problema encima de la mesa pero no tiene ninguna prisa por resolverlo ante las citas electorales que se avecinan.
Hace dos años que el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC) dictaminó que la adjudicación de ATLL a Acciona, que anticipó 296 millones, era inválida.
Vista la inactividad de los Departamentos de Territorio y de Empresa para resolver el conflicto, Agbar ha decidido presionar mediante la Comisión Europea para intentar desencallarlo.