Nueva derrota de Acciona en el pulso por ATLL

El Supremo da la razón de nuevo a Agbar y deniega las medidas cautelares para proteger el controvertido contrato
santi vila
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Agbar se ha vuelto a apuntar una victoria contra Acciona en la pugna por Aigües Ter-Llobregat. El Tribunal Supremo ha vuelto a resolver favorablemente a sus intereses: la tercera y última sentencia sobre las medidas cautelares solicitadas por Acciona y la Generalitat para mantener el controvertido contrato de la concesión vigente deniega esa petición. Según la sentencia, Acciona no ha aportado argumentos que justifiquen las medidas.

A pesar de ello, el Gobierno de la Generalitat no se mueve. El presidente Artur Mas ha confirmado esta semana que no se modificará el contrato antes de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) se manifieste sobre el fondo de la controvertida concesión, que no se tendría que haber efectuado, según el Organismo Administrativo de Recursos Contractuales de Catalunya (OARCC), porque la oferta de Acciona no cumplía los requisitos de presentación. Eso mismo entendió el Supremo, que ordenó que fuera retirada la gestión de ATLL a Acciona.

Un ex consejero de Pujol
Por otro lado, Agbar ha puesto en marcha acciones legales contra los antiguos directivos de la Companyia d’Aigües de Sabadell (Cassa). En concreto, tiene a Xavier Bigatà, expresidente y consejero de Territorio con Jordi Pujol en los 80, en su punto de mira. Bigatà era de los pocos que conocía los verdaderos números de la filial radicada en Cabo Verde Águas e Energía da Boa Ver (AEB). Sobre AEB, un informe de Cuatrecasas señala actuaciones contrarias al deber de diligencia por parte de directivos que podrían haber perjudicado a la sociedad y cifra los daños en 3,5 millones de euros más intereses.

Las operaciones de financiación ordenadas por Bigatà, de un importe presupuestado de casi 15,6 millones que se incrementó hasta los 19,7 millones, no convencen a Agbar. Según Economía Digital, el informe jurídico indica que la cúpula de Cassa conocía las irregularidades del periodo 2010-2013 y no las reportó al consejo y, supuestamente, la dirección que encabezaba Bigatà no actuó a pesar de disponer de informes técnicos de la misma Cassa que alertaban de activos sobrevalorados, gastos sin justificación, desequilibrios patrimoniales y obras ejecutadas a precios por encima de los del mercado por parte de empresas vinculadas a algunos accionistas.

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