La docencia es un negocio. Ya hace tiempo que muchos profesores han visto la oportunidad de enriquecerse por medio de la universidad, que facilita de manera legal el lucro. Los mismos docentes se lo han regulado dentro del marco establecido por la Ley Orgánica de Universidades, promovida por el Gobierno de Aznar en el 99, desarrollada por la LO de desarrollo de la LOU del Ejecutivo de Zapatero, y la Ley 50/2002 de Fundaciones. Las normativas específicas para transferir la Investigación, por poner un caso, provienen de la misma universidad. Funcionarios, en régimen de dedicación exclusiva, pueden mantener el 100% de su sueldo de la facultad y, a la vez, crear empresas con un régimen jurídico favorable.
En el caso de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), por normativa propia, en la medida que las empresas generan fondos, estos se pueden utilizar para reducir la carga de docencia pública. En función de la facturación, se puede revisar a la baja el horario laboral. Esta regulación a la carta ha sido aprobada por el Consejo de Gobierno, donde una parte minoritaria son miembros del Claustro, y el resto son el equipo de Gobierno y miembros elegidos por éstos. Hay una comisión, denominada de Transferencia Tecnológica, que se dedica a la gestión de este fenómeno. Fuentes del sindicato CGT explican que han recibido amenazas cuando han preguntado por estas prácticas a la UAB.
Lucro con la Investigación
Los convenios o programas de Investigación entre universidades y empresa privada es sólo uno de los ámbitos de este tipo de asociaciones. A cambio de la inversión, el centro docente cede a la compañía los resultados de la investigación, que pueden ser en forma de patentes o de explotación de los resultados.
Gran parte de la construcción y el desarrollo de parques tecnológicos de la Universitat de Barcelona, de la Politécnica o de la Rovira y Virgili tiene que ver con la entrada de capital privado en las aulas. La URV tiene un campus financiado por la petroquímica de Tarragona, y su rector fue uno de los implicados en el caso Innova. Son matrimonios entre actividad privada y investigación universitaria. El 15 de noviembre de 2013, el rector de la Universitat Rovira i Virgili, Francesc Xavier Grau, reiteraba el apoyo a su antecesor, Lluís Arola, e insistía en que su detención el día anterior había sido una «sorpresa». Arola quedó en libertad después de declarar ante el juez que instruye una rama del caso Innova, que investiga una posible malversación de fondos públicos, por el aval de 3 millones de euros que el ayuntamiento concedió a la empresa Shirota, dedicada a la investigación en el sector de la alimentación. Shirota es una empresa mixta de la cual era accionista la Universidad. El aval se concedió el 2008, y cuatro años más tarde el Ayuntamiento decidió disolver la empresa para considerarla inviable. Grau todavía defiende que la universidad no lo habría hecho y que hoy seguiría apoyando al proyecto. ¿Por qué un rector de Universidad puede estar involucrado en un caso de corrupción de una empresa privada? ¿Y por qué cierra filas con él su sucesor? Pues por dinero.
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