El Gobierno español cifró el pasado mes de noviembre en 512 millones de euros la recaudación obtenida desde finales de 2012 por las tasas judiciales implantadas por el anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
Ahora que su sucesor, Rafael Catalá, pretende reformar estas tasas, el diputado de Coalición Compromiso por Valencia Joan Baldoví ha obtenido una respuesta insólita sobre el destino de esta multimillonaria recaudación: Justicia dice que no sabe su paradero.
En concreto, la respuesta a la pregunta parlamentaria ha sido «el Ministerio no dispone de información al respecto». En cuanto a la Agencia Tributaria, la respuesta ministerial indica que tampoco le corresponde «la determinación ni la información sobre el destino de ninguna tasa» y que este organismo, a pesar de intervenir en su recaudación o gestión, no tiene competencias para ninguna otra cuestión, como, por ejemplo, informar sobre su importe o su destino.
¿Aclaración?
«No existe obligación legal presupuestaria de aplicar toda la recaudación por un concepto concreto a un gasto específico, puesto que lo que existe es una vinculación pero no afectación del ingreso recaudado con la tasa», ha especificado el Ministerio.
