El sufrimiento de miles de hogares catalanes en situación de pobreza energética no ha recibido la respuesta esperada por parte del Gobierno catalán. La Alianza contra la Pobreza Energética reprocha a la Generalitat que no cumple con sus compromisos: que no haya activado un fondo extraordinario para ayudar a las familias a pagar recibos, ni haya puesto en marcha ninguna medida para exigir información a las empresas para evitar la interrupción de los suministros, ni haya hecho efectiva ninguna garantía para evitar cortes de suministro por problemas económicos, como se había comprometido, a pesar de haber modificado la Ley 22/2010, del Código de Consumo de Catalunya en el Parlamento.
Asimismo, esta plataforma considera «intolerable que ante una situación de emergencia social que afecta ya a 320.000 hogares catalanes, el Gobierno presente tarde y de manera ambigua una batería de medidas insuficientes de las que ni siquiera puede asegurar su cumplimiento». La Alianza denuncia, entre otras carencias, que las medidas gubernamentales no incluyen mecanismos de fiscalización para garantizar el cumplimiento de la ley, ni especifica requisitos para acogerse al fondo de ayuda económica, ni garantiza de manera efectiva el acceso a suministros básicos, ni el impedimento de los cortes indiscriminados.
El último comunicado de esta plataforma relata ejemplos de personas que están sufriendo cortes este febrero e interpela al consejero de Empresa y Ocupación, Felip Puig: «si no lleva a cabo su compromiso, nos veremos obligadas a seguir movilizándonos para auto tutelar nuestros derechos».
