Buesa, socio del Júnior, financiaba a CiU a cambio de contratos amañados

La Guardia Civil corrobora la existencia de una trama político-empresarial favorable al socio del primogénito de Jordi Pujol
gustavo buesa
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El nombre de Gustavo Buesa, empresario del sector del tratamiento de los desechos urbanos imputado por blanqueo de capitales en el caso de Jordi Pujol Ferrusola e involucrado en el sumario del caso Clotilde, ha reaparecido con fuerza cuando se ha sabido que, recientemente, había adquirido el inmueble de la sala Luz de Gas, junto con el directivo del FC Barcelona, Xavier Bordas, y el hermano de este.

Pero, por si fuera poco, El País ha revelado el contenido de un estudio de la Agencia Tributaria, basado en un informe de la Guardia Civil, que atribuye a Buesa un intercambio de favores con Convergència i Unió: financiación por contratos arreglados en el Ayuntamiento de Lloret de Mar.

La Guardia Civil indica que la empresa de Buesa GBI Serveis, investigada por Hacienda, fue donante de las fundaciones de CiU y prestó dinero a la coalición que no fue devuelto. También ha constatado, gracias a intervenciones telefónicas de la investigación, que existía «una trama del ámbito político y empresarial» para influir en nombramientos de altos cargos del Gobierno catalán para satisfacer los intereses de Buesa.

La Agencia Tributaria, por su parte, ha confirmado que GBI Serveis declaró aportaciones que totalizan 550.000 euros entre 2007 y 2010 a tres fundaciones vinculadas a CDC y a Unió. Los técnicos de Hacienda indican que GBI Serveis regó con donativos a las fundaciones de CiU los años que recibió jugosas concesiones en Lloret, gobernado por la coalición.

En 2008, GBI, sin experiencia y a pesar de competir con Sufi, que acreditaba mucha y presentaba una oferta más barata, obtuvo el contrato de un centro de tratamiento de residuos en la localidad. En 2011, según la Guardia Civil, se redactó un pliego de condiciones a la medida de la empresa de Buesa que no fue publicado en el Diario Oficial de la UE. GBI Serveis obtuvo aquel contrato por 10 años, justo antes de las elecciones municipales de aquel año, a pesar de que la normativa de contratación pública dispone una duración máxima de cuatro años, ampliable a dos más.

Según la misma información, la Agencia Tributaría concluye que existen relaciones económicas entre familiares del secretario y el interventor del Ayuntamiento de Lloret de Mar y las sociedades de Buesa, y que Ignacio Riera, segundo teniente de alcalde, recibe dinero de aseguradoras con las cuales GBI habría contratado.

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