La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en una sesión celebrada el 27 de enero a raíz de la «polémica social y mediática» -dice el mismo TSJC- suscitada por la emisión del documental ‘Ciutat Morta’ considera que actuó «rigurosamente con los estándares constitucionales exigidos para el vencimiento del derecho a la presunción de inocencia de los acusados». También entiende que las denuncias por maltrato y lesiones de los condenados por el 4-F fue «objeto de una investigación suficiente y adecuada».
El TSJC «lamenta las descalificaciones gratuitas que se han hecho a la juez de Instrucción. No es aceptable que se dé credibilidad a un documento audiovisual o en las declaraciones de personas interesadas sin que tan sólo se hayan examinado las resoluciones judiciales surgidas de un proceso que cumplió con todas las garantías exigibles».
El Tribunal también recuerda que en el acto de juicio oral declararon una cincuentena de personas entre acusados, testigos y péritos.
