Las turbulencias han proliferado durante las últimas horas en el caso Pujol. Y no sólo porque la petición de información remitida a Liechtenstein sobre la posible existencia de cuentas del expresidente de la Generalitat y su familia haya sido denegada porque, argumenta la Justicia de aquel principado, detrás el supuesto blanqueo hay un delito de evasión fiscal, con relación al cual «no ofrece asistencia penal».
La filtración de la declaración como imputado de Jordi Pujol es ahora el epicentro de la polémica. La titular del juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona, Beatriz Balfagón, ha convocado las partes para averiguar quién es el responsable de la difusión de las declaraciones, no permitida en la fase de instrucción, y el sindicato Manos Limpias ha admitido haberlo hecho y ha exculpado a su procurador. La defensa de Pujol se había quejado a la jueza, a quien responsabilizaba indirectamente de la entrega de la grabación. Fuentes de la causa citadas por Vozpópuli indicaban que la difusión de la documentación escrita, entregada por el juzgado a las partes bajo la consigna de no facilitarla a los medios de comunicación, era una maniobra «más política que jurídica».
