Valora era una gestora de patrimonios andorrana que quebró a principios de 2007 con una deuda de casi 25 millones de euros, dejando a cientos de clientes colgados. El Instituto Nacional Andorrano de Finanzas (INAF), organismo gubernamental que regula el sistema financiero del país, intervino Valora, sustituyó a sus administradores y nombró a unos liquidadores –Jordi Alcobé, actual Ministro de Economía, y Raül González, precisamente el actual presidente del INAF- que saldaron los activos del gestor de patrimonios con un procedimiento que fuentes de los afectados califican de «oscuro».
Tras la quiebra de Valora, se interpusieron una cincuentena de querellas, pero la última, presentada en diciembre pasado por una particular, aporta nuevos elementos y pone al descubierto cómo la financiera andorrana captaba el dinero de inversores catalanes: el director de Valora, el andorrano Xavier Felipó, solía venir cada semana a la sede central de Fibanc (actual Mediolanum) de la avenida Diagonal de Barcelona para reunirse con clientes catalanes, a los que atendía en la sala de juntas de la dirección, situada junto al despacho del presidente de este banco, Carles Tusquets, según se relata en la querella. El dinero que confiaban a Felipó terminaba en la financiera andorrana.
Lentitud judicial
Ocho año después de la intervención de Valora, el Tribunal de Corts (tribunal de apelación andorrano) aún no se ha pronunciado sobre el recurso a un polémico auto de la juez instructora del caso Valora por el que se acordaba el sobreseimiento provisional de las acusaciones contra los implicados en la quiebra con la excepción de Xavier Felipó, en estos momentos el único que continúa acusado, quien, por cierto, se ha declarado insolvente. Desde hace un año, el presidente del Tribunal de Cortes es el catalán Josep Maria Pijuan, que fue el instructor del caso Millet que embargó la sede de Convergencia (CDC) como fianza.
Ante la lentitud de la Justicia andorrana, especialmente del juzgado de instrucción de Andorra la Vella que se encarga del caso, por el que ya han desfilado cuatro magistradas en ocho años, una clienta afectada por la quiebra de Valora interpuso el pasado diciembre una nueva querella que amenaza con desestabilizar el sistema financiero del país aunque aún está pendiente de ser admitida a trámite por la juez Nuria García Val. Por cierto, esta es la misma magistrada que ha toreado la comisión rogatoria remitida por el Juzgado de Instrucción núm. 31 de Barcelona por las cuentas andorranos de la familia de Jordi Pujol.
La última querella sobre el caso Valora va dirigida contra los tres socios de esta gestora de patrimonios: Xavier Felipó, Jordi Jofre y Jordi Martí, que anteriormente habían sido vinculados a Fibanc, así como, en calidad de supuestos cómplices, contra el presidente y dos directivos de este último banco catalán: Carlos Tusquets, Gianluca Bosisio y Joan Fuster. Encima, en la querella se acusa de presunta «responsabilidad civil por enriquecimiento» tanto a Fibanc, que había sido propietario de Valora hasta un año antes de la quiebra, como a Andbank, el banco andorrano con el que operaba la gestora dirigida por Xavier Felipó.
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