Las patronales orquestaban el ‘cártel de la basura’

Aselip, Arema y Aceser coordinaban a las empresas del sector para repartir el pastel público
florentino perez
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Las empresas sancionadas por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) con una multa de 98 millones de euros por haber operado como un cártel en el reparto de los contratos públicos de los servicios de recogida de basura y de saneamiento urbano tenían tres directoras de orquesta: las patronales del sector Aselip, Arema y Aceser.

Estas organizaciones, también multadas, ejercían de coordinadoras para evitar la competencia entre sus emprendidas socias, forzaban precios a la baja en los contratos y se repartían el jugoso mercado de las licitaciones públicas, según correos electrónicos y otras comunicaciones que han sido básicos en la investigación, algunos de ellos revelados por Vozpópuli.

En una de las comunicaciones se decía que era «necesario cumplir el ‘pacto’ para evitar guerras comerciales que perjudiquen a todos». Un correo electrónico remitido por la dirección de una de estas patronales es bastante explícito: «Desde Aceser creemos que precisamente en estas circunstancias es cuando más se ha de tener presente uno de los fundamentos sobre los que se formó la asociación y que es el respeto entre los asociados en relación a sus clientes. Por eso queremos recordaros este ‘pacto’ implícito en las premisas de nuestros estatutos y que ha de prevalecer, como mínimo, entre los miembros de la asociación y no entrar en enfrentamientos».

Aselip, por su parte, impulsó «un acuerdo o actuación concertada global de reparto de mercado» entre sus socios y estableció «la aprobación de códigos de conducta de sus socios», según la CNMC. Fue multada con 200.000 euros.

En el seno de la madrileña Arema, multada con 150.000 euros, las empresas habían acordado el reparto del mercado de la recuperación del cartón y el papel, con Saica Natur como eje.

Los compromisos para operar como un cártel formaban parte de los principios rectores de estas patronales y se plasmaban en sus respectivos estatutos, una realidad que, interpreta Competencia, prueba una infracción única y continuada al menos desde 1999 hasta 2013.

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