La Generalitat congela la ley a la medida de Ferran Adrià

El chef ha pedido parar la tramitación para "estudiar las alegaciones" contra su proyecto urbanístico en el Cabo de Creus
Ferran Adrià a Cala Montjoi
Ferran Adrià a Cala Montjoi

La parte del proyecto de El Bulli Foundation que se tenía que implementar en la Cala Montjoi, ampliando más de un 250% el área que actualmente ocupa El Bulli dentro del Parque Natural del Cabo de Creus, dependía de la aprobación de una ley especial por parte del Parlament de Catalunya que, hecha a la medida de las necesidades de Ferran Adrià, estaba previsto que le permitiera terminar una obra de ampliación por encima del límite legal actual, del 20%.

Pero este jueves se ha anunciado que el polémico proyecto, de momento, se queda en la nevera. El Gobierno ha aceptado la petición de Adrià y ha paralizado la tramitación de la ley que daba luz verde a la iniciativa del chef, que la Generalitat bendecía con la consideración de «actuación interés público de primer orden».

Adrià ha declarado a El Periódico que quiere «estudiar a fondo» las alegaciones contra el proyecto con la intención de mejorarlo. Por su parte, el director general de Urbanismo, Agustín Sierra, ha indicado que se agotará la tramitación -está en fase de alegaciones- y todo quedará preparado por si hay que aprobarla en el futuro. Se trata, según fuentes del Departamento de Territorio citadas por la Cadena SER, de una parada técnica en espera de estudiar alegaciones, hablar con los arquitectos y dejar pasar el periodo electoral que se avecina. Mientras tanto, el Ayuntamiento de Roses ya ha aceptado una solicitud para ampliar El Bulli un 20%, límite legal vigente.

Críticas al urbanismo cultural’
Los planes de Adrià en la Cala Montjoi han indignado a los ecologistas por sus consecuencias medioambientales y urbanísticas. La elusión de la normativa actual mediante una ley a la medida de un santuario de la gastronomía de Adrià, amparado en el argumento del interés público, comportaría, según advierte Ecologistas en Acción, contradecir una decena de leyes, reglamentos y directivas comunitarias y establecería las bases de una nueva vía para la especulación urbanística sobre suelo protegido.

Según denunciaba esta ONG en septiembre del 2014, mediante el informe Banderas Negras, «la permisibilidad de estas excepciones para sacar adelante el proyecto del cocinero, unidas a una nueva ley de Costas que deja en completa desprotección gran parte de nuestro litoral, crea una nueva forma de urbanismo cultural que reedita el mismo viejo modelo privatizador y especulador con el territorio que nos ha traído a la crisis actual con daños irreversibles para el territorio y sus ecosistemas».

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