Las imágenes de las devoluciones ‘en caliente’ efectuadas por la Guardia Civil el pasado 13 de agosto en Melilla han sido eliminadas por las autoridades, a pesar de que muestran hechos sobre los cuales hay un proceso judicial abierto. Lo ha reconocido en respuesta al diputado de Amaiur Jon Iñarritu propio el ejecutivo español, que justifica la supresión de los vídeos amparándose en los plazos establecidos en una ley, la que regula el uso de las videocàmeres por parte de las fuerzas de seguridad, que también obliga a conservarlas más tiempo si, como es el caso, los hechos se encuentran bajo investigación.
La Ley Orgánica 4/1997 por la cual se regula la utilización de videocámaras por las fuerzas y cuerpos de seguridad en lugares públicos especifica que «las grabaciones serán destruidas en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo que estén relacionadas con infracciones penales o administrativas graves o muy graves en materia de seguridad pública, con una investigación policial en curso o con un procedimiento judicial o administrativo abierto».
Los vídeos oficiales borrados eran fundamentales para determinar la responsabilidad en los hechos de un coronel de la Guardia Civil imputado y su eliminación puede constituir una obstrucción a la Justicia. Iñarritu, en declaraciones recogidas por La Marea, indica que «España ha borrado pruebas de posibles homicidios cometidos en su territorio». El escándalo, en manos del Juzgado de instrucción número 2 de Melilla, fue difundido por las grabaciones de ONG como Prodein y Human Rights Watch:
