El auto notificado por la sala de lo civil y lo penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) cita la existencia de indicios de desobediencia de la suspensión de la consulta del 9 de noviembre dictada por el Tribunal Constitucional por parte del presidente de la Generalitat, Artur Mas, la vicepresdenta, Joana Ortega, y la consejera Irene Rigau.
El escrito, mediante el cual el TSJC motiva la admisión a trámite de las querellas contra los tres miembros del Gobierno de la Generalitat, expone que «Existen indicios de que dicha orden expresa y la conducta de no hacer, no fue presuntamente acatada por los querellados pues entre la fecha de esa providencia de 4 de noviembre y el día 10 de noviembre, continuaron, al parecer, los actos preparatorios, la publicidad institucional, la aparente realización de actos administrativos de desarrollo de carácter verbal o por la vía de hecho hasta llevar a cabo, en edificios públicos de Cataluña, las votaciones el día 9 de noviembre de 2014». Sobre Mas, en concreto, señala que «en el momento de depositar su voto, hizo constar ante los medios de comunicación que el responsable de la jornada era él mismo y su gobierno«.
El tribunal considera, además, que el efecto material y la consecuencia de los actos y las decisiones del Gobierno catalán fue la ineficacia de la suspensión cautelar de la consulta, decidida por el Constitucional, y señala que el 9N comportó gastos públicos diversos. En cuanto a la comisión de delitos de prevaricación y malversación de dinero público, el TSJC no los descarta, «en función del resultado de la investigación».
La instrucción fue encargada a Joan Manel Abril, quién tendrá que decidir si imputa a Mas, Ortega y Rigau.