Un equipo de técnicos de Enagás SA, la gestora del sistema gasista español, ha asumido el control del Castor, una vez los trabajadores de Escal, filial de ACS que explotaba la infraestructura, la han abandonado. Los 1.350,7 millones de euros concedidos por el Gobierno a Florentino Pérez por la hibernación fueron entregados y Enagás ya trabaja para hacer efectivo el letargo de un proyecto que acabarán pagando los consumidores de gas en virtud de un derecho de cobro que esta compañía ha cedido al grupo de bancos que han adelantado el dinero a Escal, que podrá pagar a los inversores que impulsaron el fracasado proyecto.
Según Vozpópuli, Ayesa, empresa subcontratada por Enagás, efectúa la revisión técnica de la infraestructura previa a la hibernación. Hacia febrero como muy tarde, según fuentes del mismo digital, se remitirá un informe al Ministerio de Industria con una propuesta que concretará el gasto de la hibernación. Después, la compañía británica especializada en plataformas petroleras Lloyd’s verificará el plan de hibernación y el Massachusetts Institute of Technology (MIT) evaluará los riesgos sísmicos de una eventual nueva puesta en funcionamiento. La futura decisión definitiva en este sentido, en cualquier caso, corresponderá al Gobierno español, acusado recientemente por el Gobierno de la Generalitat ante las autoridades comunitarias de haber infringido la normativa sobre competencia y sobre ayudas de Estado con la polémica indemnización.
«Mala suerte» y «desinformación»
Desde Escal, publica El Mundo, se atribuye a la «mala suerte» la provocación de los seísmos percibidos en las costas de Castellón y Tarragona y se considera que el rechazo social que ha generado el proyecto se explica, al menos en parte, porque se ha difundido «desinformación y alarmismo». Escal, participada en un 66,67% por ACS y en un 33,3% por la canadiense CLP, fue creada expresamente para gestionar del almacén de gas. Su destino es la liquidación, que supondrá, de entrada, el despido de veinte personas.
Esta filial de ACS y los ministerios de Industria y Medio Ambiente están en el punto de mira de la Fiscalía de Castellón, que ha propuesto a la Fiscalía General del Estado una denuncia por supuestos delitos de prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente. De momento, no hay noticias de ningún visto bueno, a pesar de que el pasado 26 de noviembre el anterior fiscal general, Eduardo Torres-Dulce, aseguró que había recibido aquella comunicación y que preveían decidir durante los días siguientes «en la línea propuesta por la Fiscalía de Castellón».
