Ofensiva de la Generalitat contra el pago a Florentino por el Castor

Denuncia al Gobierno español ante la Comisión Europea
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El Gobierno de la Generalitat ha puesto en marcha una ofensiva con el objetivo de tumbar la compensación de 1.350 millones de euros concedida por el Gobierno español a Escal, filial del grupo ACS, controlado por Florentino Pérez, por la hibernación del proyecto de almacén de gas Castor.

La última acometida ha consistido en remitir, con fecha de 2 de diciembre, dos cartas a la Comisión Europea, en concreto al director general de Competencia, Alexander Italianer, y la otra a Gert-Jan Koopman, director adjunto para Ayudas del Estado, informa El Confidencial. Por esta vía el Gobierno ha remarcado la ventaja de mercado obtenido por ACS y Escal por el hecho de haber quedado libres de asumir costes de un proyecto empresarial, lo cual afecta a la competencia, y ha pedido que se estudie si la indemnización vulnera las normas comunitarias relativas a las ayudas de Estado.

Fuentes de la Generalitat citadas por el mismo digital indican que el Gobierno catalán recurre a esta vía europea porque no confía que la vía del Tribunal Constitucional dé resultados. Una tercera vía de actuación de la Generalitat ha sido el envío de otra carta, en este caso a Antoni Llardén, presidente de Enagás, por parte del consejero de empresa y Ocupación, Felip Puig. En ella se ha pedido a esta emprendida gasista que no ejerza el derecho de cobro otorgado por Real Decreto hasta que no se resuelvan los procedimientos iniciados por la Generalitat, que cifra el gasto total de aparcar el proyecto Castor -sumando intereses, mantenimiento de la infraestructura y gastos de cierre- en 3.500 millones de euros.

Dos ministerios acusados de prevaricar
Por otro lado, la Fiscalía de Castellón acusará de delitos prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente a los ministerios de Industria y de Medio ambiente por el caso Castor. Detecta hechos «aparentemente delictivos» que pueden justificar la aparición de los seísmos percibidos en la costa durante las inyecciones de gas. En el punto de mira del ministerio público están, en concreto, el Instituto Geológico y Minero, y otras empresas públicas, adscritas a Industria, además de Escal, a la que se acusa de los mismos delitos.

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